Chile a las puertas de megaelecciones

A unos días de la celebración de las megaelecciones chilenas, consideradas históricas por la selección de los 155 miembros de la Convención Constitucional, encargada de escribir una nueva ley de leyes, el presidente derechista Sebastián Piñera es repudiado por el 82 % de la población nacional.

El multimillonario Piñera, representante de la oligarquía de esa nación andina, gobierna Chile guiado por la política neoliberal, creando bolsones de pobreza añadidos a la clase media, y reprimiendo con mano de hierro los centenares de expresiones de rechazo a su mandato, que concluirá el próximo año.

Según indica la encuesta Criteria Research, correspondiente a abril, el mandatario elevó la cifra de repudio luego de su negativa a permitir que los trabajadores retiraran por tercera vez un 10 % de sus fondos de pensión, para sobrevivir a la difícil situación económica, en tanto eran favorecidas las compañías privadas que los controlan.

En este contexto, los próximos 15 y 16 de este mes se elegirán, además de los constituyentes, a alcaldes, concejales y gobernadores regionales, que serán la base política del futuro gobierno nacional salido de las presidenciales de noviembre próximo, el cual asumirá en 2022.

Los megacomicios estaban previstos para los pasados 10 y 11 de abril, pero el Ejecutivo cambió la fecha debido a las pésimas condiciones sanitarias causadas por la pandemia de la COVID-19, la cual, dijeron dos ministros, “ha mejorado mucho” en comparación con el mes anterior.

Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), y Jaime Bellolio, con igual cargo, pero del gobierno, (SEGEGOB), aseguraron en conferencia de prensa el pasado miércoles que “va a ser un voto seguro desde la perspectiva de la seguridad pública y también de la perspectiva sanitaria Se están tomando todas las precauciones y la situación epidemiológica que se prevé es muchísimo mejor que la que existía en la fecha original”.

Aunque son dos días de comicios, los votantes deberán asistir a los colegios solo una vez (entre las 07:00 y las 18:00 hora local) y pueden escoger la fecha que les sea más favorable. Lo importante es, dijo Bellolio, que se eviten las aglomeraciones y cada persona adopte las medidas de bioseguridad orientadas.

El acto comicial parece complicado, pues el elector recibirá en su mesa de votación cuatro cédulas, una por cada elección: convencional constituyente, gobernador regional, alcalde y concejal, marcando solo una preferencia en cada papeleta.

Los pueblos originarios también escogerán su (o sus) representante en la convención constituyente. Los votantes de esos grupos deben probar su condición mediante un certificado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) o una declaración previa al respecto.

Para estas elecciones en particular, los chilenos residentes en el extranjero no sufragarán. El artículo 13 de la Constitución señala que estos ciudadanos sólo podrán votar en las primarias presidenciales, las elecciones de presidente y los plebiscitos nacionales.

La campaña electoral fue reanudada a partir del pasado día 29. La reforma constitucional del pasado 7 de abril, que cambió el calendario, era vinculante con la propaganda.

Ahora, y hasta el próximo jueves, los 16 700 candidatos para los diferentes cargos ocuparán espacios en prensa escrita, radio emisoras, plazas, parques y espacios públicos en general, además de plataformas digitales y redes sociales.

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Aunque los megacomicios llaman la atención de los más de 14 700 000 convocados a las urnas, no hay dudas de que lo más importante para la ciudadanía es la elección de los constituyentes, que no representan partidos, sino propuestas públicas por sus méritos y valores personales.

Llegar a este punto del camino político de Chile reviste suma importancia para la existencia de una plataforma constitucional que responda a la necesidad de reestructuración del país, que vive aun bajo la sombra de la dictadura del general traidor Augusto Pinochet (1973-1990).

El nuevo documento sustituirá al impuesto por Pinochet en 1980, que la mayoría de los chilenos considera ilegal.

Aunque este militar, que traicionó al presidente constitucional Salvador Allende cuando cumplía su tercer año de gestión, acabó su mandato por un plebiscito realizado en 1988, la mayoría de las regulaciones de su régimen neoliberal están vigentes, y algunas, como la Carta Magna redactada bajo sus valoraciones neofascistas, todavía persisten en una nación donde nuevas generaciones exigen cambios estructurales de la sociedad, en especial la educación y la salud gratuitas, la igualdad ciudadana, la inclusión de las clases sociales en las decisiones políticas.

Los males económicos, políticos y sociales persisten en un país cuyas dos últimas generaciones, y en especial la más joven, libraron hasta la llegada de la pandemia a esas tierras en 2020 y aún meses después, una batalla en las calles de miles de localidades, y muy en especial en Santiago de Chile, para cambiar el sistema político y sacar a Piñera del Palacio de la Moneda.

Desde entonces llamó la atención que en las convocatorias nunca se mencionó un partido político. Las movilizaciones se realizaron mediante avisos en las redes sociales, llamadas telefónicas y reuniones barriales.

Entre octubre y noviembre de 2019 murieron decenas de manifestantes, mientras otros recibieron tiros de balines en los ojos —una orden militar ejecutada por carabineros— y perdieron la visión o quedaron tuertos, mientras aún permanecen encarcelados más de 500 detenidos sin juicio.

La exigencia de una nueva Constitución Nacional acorde con las nuevas necesidades sociales hizo tambalear al régimen del derechista Piñera. La principal exigencia de los marchantes era que renunciara. La famosa plaza Italia, de Santiago de Chile, fue rebautizada con el nombre de Dignidad, al ser el centro de la batalla popular.

Nunca antes, desde que la llamada democracia (representativa) imperó en el país tras la salida del dictador, Chile fue testigo de una rebelión popular de mujeres y hombres reprimidos de manera brutal por el cuerpo de Carabineros, que utilizaron desde camiones con mangueras de agua hasta armas de grueso calibre.

Bajo presión de las calles, luego de las batallas campales de octubre de 2019, el gobierno logró un acuerdo nacional partidista para realizar el referendo en la tensa madrugada del 15 de noviembre de ese año.

En una boleta con dos preguntas, las masas decidieron el SI por la nueva Carta Magna y derrotaron la segunda. referente a si la nueva Constitución debería ser redactada por un 50 % de representantes políticos y un 50 % de la población.

La opción de una convención mixta constitucional propuesta por el Congreso habría sido integrada por una mezcla equilibrada de miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio.

Los chilenos no se dejaron engañar. Vieron que se trataba en una maniobra más para que la clase política pudiera imponer sus criterios en la escritura del nuevo texto. Y votaron porque los constituyentes fueran propuestos en los barrios y comunas.

Tuvieron entonces los chilenos iguales oportunidades para ser defensores de sus derechos, y por primera vez en unas elecciones también estarán presentes los pueblos originarios.

Tendrá una característica inédita en el mundo: será primera vez en la historia que una Constitución es redactada en forma paritaria.

El referendo trajo otras sorpresas que estremecieron a los partidos conservadores. En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna sobrepasó el 80 por ciento.

La participación en las urnas fue superior al 50 %, pese a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Con esa cifra se sitúa como la elección con mayor cantidad de votantes desde el regreso de la mal llamada democracia.

Un 78 % de los sufragistas proclamó su derecho a vivir bajo otra plataforma constitutiva, que deje en el pasado los males heredados de un régimen dictatorial.

Aunque hay sus recelos en cuanto a la influencia que puede tener la clase política derechista y una izquierda casi inmovilizada, tanto sindicatos como organizaciones estudiantiles, siempre al frente de las manifestaciones del 2016 hasta ahora (ha habido varias etapas de movilizaciones y exigencias) alertaron que no dejarán pasar una sola proyección propuesta por los políticos reaccionarios.

Luego de la redacción de la Carta Magna, el texto final se someterá a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado “plebiscito de salida” o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

De ser aprobada en el referéndum final, la nueva ley fundamental entrará en vigor de inmediato y derogará automáticamente la anterior.