Colombia: entre el vilo y zozobra (Fotos)(+Videos)

Mientras usted lea estas líneas es muy probable que un ex guerrillero o un líder o activista social esté siendo asesinado en Colombia, a sangre fría y delante de sus familiares, en lo que algunas fuentes consideran un plan para eliminar de manera masiva a quienes se oponen a la continuidad del sistema neoliberal imperante en esa nación suramericana.

Porque de eso se trata. Las mujeres y hombres ejecutados, líderes sociales en su mayoría y exguerrilleros mantienen una lucha constante en defensa de sus territorios, el gran fortín de los capitales que tratan de imponer a los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes la construcción de represas, megaproyectos, minería, fumigaciones y contaminación. Más dinero para los ricos, más miseria para los pobres.

Hace solo unas horas, en la vereda el Cerro del corregimiento Versalles, municipio San José de Uré, Sur de Córdoba, fue asesinado el campesino Manuel Osuna Tapias de 67 años de edad. El hombre fue decapitado y su casa incendiada.

Osuna Tapias, un activista social, resultó otra víctima del Bloque Virgilio Peralta Arenas, también llamados ¨Caparrapos¨ integrado por paramilitares.

La prensa de Córdova informó que, según la fundación Cordoberxia, su representante Andrés Chica, fue de nuevo amenazado de muerte luego de los  crímenes cometidos contra Osuna y de la lideresa María Pilar Hurtado delante de su hijo de nueve años en Terralta, el pasado día 21.

Para Chica, defensor de derechos humanos en Córdova, tuvo que abandonar Terralta, después de que sus enemigos  enviaron un mensaje de texto a su celular en el que advertían que ¨de nada serviría el esquema de seguridad de las autoridades¨.

Desde la Fundación Cordobexia, Chica fue el primero en denunciar el crimen de Hurtado, una lideresa  que hacía parte de un grupo de desplazados que habitaban un sector ocupado por campesinos desplazados de sus tierras por empresas privadas.

Andrés Chica líder defensor de los derechos humanos de Tierralta (Colombia). (Foto: Tomada de semanarural.com).

Para el defensor, ¨ hay una disputa entre estructuras del narcotráfico, pero que eso no es lo único. “La solución no es meter soldados, colocar esquemas de protección, colocar chalecos antibalas. La solución es enfrentar de veras y con contundencia al paramilitarismo como una política enquistada en el departamento de Córdoba”. Esta es la cuarta vez que Chica debe trasladarse en su país. La primera vez en 2013, luego en 2014 a Medellín, en 2017 a Bogotá y ahora partió con destino desconocido, siempre acompañado por su familia.

Para el analista colombiano Andrés Bárcena,  "La fuerza pública no tiene ningún tipo de poder en esos territorios frente al paramilitar de la cuadra. Él es el que arregla cuando alguien no quiere pagar en una tienda, el que quita predios, el que cobra multas. Todo eso ante la mirada complaciente de las fuerzas administrativas".

GENOCIDIO SOCIAL

Esta situación de genocidio social mantiene en vilo a la sociedad de Colombia, que hace casi tres años suscribió un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de una guerra de 52 años que dejó 200 000 fallecidos y mas de ocho millones de personas.

Para quienes creían en la posibilidad de la paz firmaron de buena fe el documento, pensando un positivo cambio socio-económico para las clases mas vulnerables, entre ellos el campesinado, arruinado por los planes de extracción de minerales de los grandes consorcios internacionales.

Los 7 000 guerrilleros de las FARC cumplieron su palabra: abandonaron sus campamentos, entregaron las armas, pasaron a la vida civil, y formaron un partido denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que como parte del Acuerdo poseen cinco curules en la Cámara de Diputados y cinco en el Senado sin ser aprobados en elecciones.

Ahora, esa agrupación política anunció que presentaría esta semana pruebas de un plan para ¨eliminar también a los dirigentes del partido FARC¨, luego del homicidio de dos ex combatientes en menos de 24 horas.

"Denunciamos ante el pueblo colombiano y la comunidad internacional que hay en marcha un plan para asesinar a los dirigentes del partido FARC", sostuvo el senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, quien afirmó que supera la cifra de 140 los exguerrilleros asesinados desde que se firmó la paz.

Esta semana Weimar Galíndez Daza y Carlos Yunda fueron acribillados a balazos en el departamento del Cauca (suroeste del país). 

Pero quienes mueren por sus ideas políticas y sociales es mucho más extensa. El modo de operar de las bandas paramilitares es el mismo: esperan a sus victimas cuando salen de sus hogares o llegan a ellos, caminan en las calles, y les disparan sin mediar palabra.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CIEP) reveló este mes que casi 700 dirigentes sociales y ex combatientes fueron asesinados en Colombia durante 2018, las cuales forman parte de las 2 252 víctimas de violaciones de derechos humanos en ese país, líder de la alianza derechista que dirige Estados Unidos (EE.UU.) en América Latina.

¨Violencia camuflada: la base social en riesgo¨ denominó el CIEP su informe sobre el irrespeto a las personas por el gobierno de Iván Duque, devenido enemigo declarado de su vecina Venezuela, a la que acusa de dictadura y permite una guerra solapada por las zonas fronterizas bilaterales.

El organismo certifica que además de los asesinatos, el pasado año fueron contabilizadas  1 151 casos de amenazas de muerte, 304 lesiones físicas, 48 atentados, y 22 desapariciones.

En los seis meses de este año, el mayor número de victimas políticas ocurrió en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, con 224 víctimas, seguido del Cauca, con 182, y Santander, en el noreste, con 180.

Una parte importante de estas ejecuciones ocurrieron  en cinco zonas donde hay numerosas actividades económicas ilegales, como la producción y el tráfico de drogas; los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país; la zona nororiental de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y las zonas de Bajo Cauca y Urabá, en el noroeste del país.

La Defensoría del Pueblo de Colombia determinó que la banda paramilitar AGC "se han posicionado como el actor armado ilegal predominante, con presencia en la totalidad de municipios, corregimientos y territorios indígenas".

"Actúan como fuerzas de choque, portan armas de fuego de corto y largo alcance, radios de comunicaciones, visten durante el día de civil o con prendas de color negro, en ocasiones con el rostro cubierto, mientras que en las noches son vistos con uniformes camuflados.

Los indígenas viven en terror constante ante los probables atentados contra la libertad e integridad personal, la restricción de la movilidad, la desarticulación de los procesos sociales, la fragmentación de la confianza comunitaria y los desplazamientos forzados, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

En consecuencia, advirtió, "la población civil se encuentra expuesta a homicidios selectivos o de configuración múltiple, desplazamientos forzados, restricciones a la libertad de circulación, confinamientos, desapariciones forzadas, accidentes con mina antipersonal, enfrentamientos con interposición de población civil, utilización de civiles como informantes, control social mediante la intimidación y violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes)".

Concluye la Defensoría, cuyos Informes son de obligada observación por el gobierno:. pero.. ..los crímenes siguen ocurriendo cada día. y el gobierno de Duque sigue diciendo que son líos de faldas¨.

El gobierno de Bogotá no reacciona frente a los delitos por las Águilas negras, los Pachencas, los Paisas, los Caparrapos y los Rastrojos, grupos del neoparamilitarismo conformados por gamonales afectos a Duque y por altos oficiales del Ejército y la policía.

UN ESTADO CRIMINAL

Colombia se ha convertido en un estado criminal. El presidente Duque hace caso omiso a los llamados de Naciones Unidas (ONU) para que implemente los acuerdos de paz firmados en 2016, mientras se alía a EE.UU. en el acoso del llamado Grupo de Lima a Venezuela.

“El Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos”, dice el reporte del Alto Comisionado de la ONU, haciendo referencia al régimen de Duque, ahijado político del ex presidente y creador de los grupos paramilitares Álvaro Uribe.

El reporte dice que el 93% de los casos a los que se les hizo seguimiento “ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado” y esta situación también se da por “sustanciales retrasos” en la implementación del acuerdo de paz.

Aunque los asesinatos se registraron en 24 de los 32 departamentos de Colombia, el mayor número ocurrió en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde hay presencia de grupos criminales fortalecidos luego del desmantelamiento de las FARC. “En esas zonas el riesgo continúa siendo alto y el Estado debe hacerle frente con urgencia”, dice el reporte.

De los exterminados en esos territorios, 118 eran indígenas, 314 campesinos y 41 afro descendientes.

Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por violaciones de derechos humanos, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, así como las graves condiciones que enfrentan las comunidades wayúu y otras comunidades autóctonos en el país.

Los avances en la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La regulación se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras que fueron abandonadas por personas  desplazadas durante los años de conflicto armado. Hasta noviembre de 2018, la justicia solo había solucionado  8 200 de las más de 116 000 solicitudes recibidas.

Detrás del exterminio de los líderes progresistas, se encuentra  liquidar la lucha en defensa de sus tierras. Los territorios siguen siendo el fortín de los ataques, ya que expulsados o matados sus dueños, el gobierno plantea la construcción de represas,  megaproyectos, minería, fumigaciones y contaminación.

Hace pocos meses, la Minga Social movilizó a millares de personas que paralizaron el país. El presidente Duque evitó reunirse con la Minga. Quiso celebrar una reunión con los líderes en oficina cerrada, pero fue objetado porque estaba planificada para la calle, donde la ciudadanía pudiera escucharlo. El mandatario se sintió amenazado y volvió a su hogar bogotano, luego de varios días de violencia sistemática y desproporcionada de la acción del Estado colombiano contra la protesta social, con saldo de varios muertos y heridos. La paz, en Colombia, sigue siendo una utopía.