Comienza otra semana crucial para Haití

En medio de la tensión causada por el magnicidio contra el presidente Jovenal Moïse el pasado miércoles, Haití tiene por delante días cruciales en los que aún quedan muchas incógnitas por resolver, entre ellas, quién quedará al mando de un país arrasado por la pobreza y las continuas crisis internas.

Moïse, 53 años, fue asesinado en su hogar por un comando extranjero, formado por 26 colombianos y dos haitianos con ciudadanía estadounidense, en un extraño episodio en el que todavía se ignora por qué falló su guardia personal y, en especial, quién mandó a cometer el repudiable hecho.

Los atacantes penetraron al parecer con facilidad en la habitación del dignatario y luego de acribillarlo a balazos saquearon sus pertenencias personales y se llevaron consigo el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia, dinero y otros artículos.

El pasado sábado, la primera dama Martine Moïse, herida de bala pero trasladada de inmediato a Miami, Florida, donde se recupera, dijo en su primera declaración que está “viva gracias a Dios” y vincula la acción criminal con el deseo de su esposo de celebrar un referendo constitucional y elecciones generales.

“En un parpadear, entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo, con quien pasé 25 años —relató Martine Moïsi—. Ustedes saben —dijo dirigiéndose al pueblo haitiano— en contra de quien él estaba luchando. Quisieron matarlo en casa, con toda su familia, porque deseaba mejoras para su pueblo”.

Sin embargo, estos individuos que en Colombia actúan como paramilitares de manera comprobada, lo torturaron —presenta roto un pie y una pierna— y lo acribillaron con diez balazos, lo cual indica la crueldad con que fue tratado.

Esta semana comenzó con una tensa calma en la población, pero las autoridades y partidos políticos prevén que pronto podrían ocurrir enfrentamientos entre quienes defendían al mandatario de facto del derechista Partido Tet Kale y sus opositores, y entre bandas rivales internas.

Como en una situación absolutamente surrealista, luego de la muerte del presidente, el primer ministro interino (ya había sido nombrado antes otro político por el mandatario) Claude Joseph, asumió las riendas de la nación y destacó que se mantienen las elecciones generales marcadas para septiembre próximo, declaró estado de sitio y colocó bajo su mando a la policía local que capturó a la mayoría de los mercenarios en menos de 24 horas.

Sin embargo, como contraste interesante, ese cuerpo represivo ignora absolutamente los grupos locales de delincuentes que operan en Puerto Príncipe, la capital, creando el terror, dada la impunidad con que actúan.

Razones hay para dudar sobre la actuación policial, pues en los últimos meses Haití vive un infierno social. Solo en junio pasado más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas en la zona metropolitana capitalina, reveló un reciente informe del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una ONG especializada en la materia.

SOLICITUD DE AYUDA A EE. UU.

Ese mismo día, Joseph solicitó ayuda a Estados Unidos para que colaborara en los interrogatorios a los mercenarios presos, contratados, según confesaron, por una empresa colombiana dedicada a esos negocios, pero no iban a matar a Moïse, dicen, sino a obligarlo a que firmara su renuncia, a lo cual se negó.

También pidió la llegada de soldados norteamericanos para la protección de los puntos más importantes del país, como aeropuertos, puertos y carreteras.

Tras la asunción de Joseph, avalado por el Consejo de Ministros, y las primeras medidas adoptadas, analistas se preguntan cómo es posible que de manera tan rápida fueran localizados los mercenarios, exmilitares retirados del Ejército de Colombia y dos haitianos-norteamericanos, y el sábado quedaban menos de una decena por capturar. Hasta ahora los detenidos solo hablan de la “misión” y de su contrato por una compañía radicada en Bogotá mediante Internet.

La situación interna se complicó aún más el viernes último —72 horas después del magnicidio— cuando el disfuncional Senado haitiano, con solo un tercio de sus miembros validados —12 de 36—, y el Congreso Nacional cerrado, proclamó como presidente a Joseph Lambert y desestimó al premier Claude Joseph.

Moïse gobernó hasta su muerte por decreto pues inhabilitó el Congreso Nacional, sin diputados, y solo sobrevivió un minúsculo cuerpo de senadores, cuyo mandato aún tiene poder legítimo.

Una declaración firmada por solamente ocho legisladores indica que Lambert, presidente tercero de ese cuerpo, se juramentará y luego promoverá un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para establecer un gobierno provisional de consenso y celebrar elecciones presidenciales y legislativas lo más rápidamente posible.

El minúsculo grupo senatorial, cuya incidencia en la política interna del país es casi nula, también indicó el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Provisional, para organizar los sufragios.

En ese nuevo movimiento político, el neurocirujano Ariel Henry, primer ministro designado por Moïse apenas dos días antes de su asesinato, deberá secundar a Lambert en la nueva administración, que ya recibió el visto bueno de partidos influyentes, como el oficialista y centro derechista Tet Kale, con el cual arribaron a la primera magistratura Moïse y antes el músico Michel Martelly. Henry tomaría posesión del cargo el día del magnicidio pero la ceremonia fue suspendida, un espacio que aprovechó el entonces canciller Joseph para adueñarse del poder.

Mientras, el gobierno de EE. UU. rechazó la petición haitiana de enviar tropas a Haití, una pequeña nación que ha sido invadida en tres oportunidades por la potencia norteña, pero sí aceptó designar un grupo de especialistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otros órganos para esclarecer el asesinato del dignatario.

Medios noticiosos internacionales, como la agencia británica Reuters, informaron que el canciller haitiano, Mathias Pierre, solicitó la asistencia de seguridad a Washington en una conversación entre el primer ministro interino y el secretario de Estado Antony Blinken. Igual comunicación sostuvo con Naciones Unidas (ONU), a quien solicitó fuerzas para controlar la situación.

Según Reuters, sin confirmar por el gobierno provisional haitiano, un alto funcionario de la administración de Joseph Biden aseguró que “…no había planes para brindar asistencia militar de su país en este momento”.

Para Pierre, la petición se hizo en base al temor por la infraestructura del país (puertos, aeropuerto y la infraestructura energética) que podrían ser objetivos de otros grupos armados.

En ese contexto tan complejo, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, declaró que ese organismo está en contacto con líderes haitianos y otros interlocutores, y destacó la urgencia de que los grupos políticos de esa nación lleguen a un compromiso inclusivo para “mantener la estabilidad y trazar el camino a seguir”.

La situación en Haití sigue muy preocupante, pues aunque los presuntos asesinos de Moïse están detenidos en su mayoría, todavía queda mucho por descubrir y comprobar.

En Colombia, devenida —según el senador opositor Iván Cepeda— una nación exportadora de mercenarios (vasta experiencia en el tema posee Venezuela de intentos de magnicidio e invasiones por exsoldados salidos de suelo vecino) el Ministerio de Defensa prometió realizar una investigación “a fondo”.

Sin embargo, fuerzas contrarias al gobierno de Iván Duque afirman que el negocio de los mercenarios es muy bien conocido, pues cuando no cumplen contratos en el exterior, se alquilan para ultimar a activistas políticos y sociales y exguerrilleros en su mismo país.

No resulta muy creíble el ofrecimiento colombiano de brindar “colaboración y apoyo total a Haití para esclarecer el magnicidio de Moïse. Duque, que ni siquiera se interesa por fomentar la paz en su territorio mediante los Acuerdos de 2016, ordenó, empero, el envío de una comisión investigadora para ‘ayudar a encontrar la verdad’ sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”.

En realidad su gobierno está envuelto en la violación de la soberanía de Haití, ya que 26 de sus ciudadanos desarrollaron una operación secreta para derrumbar el gobierno, sin que supuestamente su servicio de inteligencia detectara los movimientos del grupo que viajó a República Dominicana, desde donde volaron a la capital de esa minúscula nación caribeña.

Para la comunidad internacional, Haití vive uno de sus peores momentos. Acosadas por la hambruna, la violencia, la pandemia de la COVID-19 y la inseguridad, centenares de personas tratan de emigrar hacia Dominicana, su frontera común, pero todos sus puntos de acceso están cerrados.

Otros, los menos, pero adinerados, están congregados desde el pasado viernes ante la embajada de EE. UU. en Puerto Príncipe, en busca de visas.

La situación es aún peor para los pobres y vulnerables. En Haití no hay una campaña gubernamental contra la COVID-19, no se hacen pruebas de control y carecen de vacunas inmunizantes. Aunque las cifras deben ser más altas, pues no se contabilizan oficialmente más de 500 personas que murieron por COVID-19 hasta este mes, y hay más de 19 000 contagiados, informó Laure Adrien, directora general del Ministerio de Salud haitiano.

Las próximas horas podrán ser decisivas en muchos sentidos en este país, acosado por continuas crisis, sin que el mundo parezca darse cuenta.