Complejo panorama en Argentina

Argentina, como gran parte de Latinoamérica y El Caribe, vive momentos de gran complejidad. En su caso, resultantes del desastre nacional dejado por el expresidente derechista Mauricio Macri, agravados por la presencia de la COVID-19 y el desacato del gobernador de la ciudad de Buenos Aires quien exige la presencia de los educandos en las escuelas de ese territorio.

El jefe de gobierno en cuestión es el economista Horacio Rodríguez Larreta, quien desde 2002 está dedicado a la política junto a Macri y con él fundó los partidos Compromiso para el Cambio, en 2003, llamado luego Propuesta Republicana (PRO). Dos años después, siempre unido al ex mandatario, Larreta ocupó la jefatura de la Buenos Aires en junio de 2015, con el 53% de los votos, iniciando así su período 2016-2019.

Rodríguez se encuentra en lucha frontal contra el gobierno central presidido por Alberto Fernández, quien busca una mejoría para todo el país y no para un solo territorio. Larreta no oculta su interés porque caiga la dupla de Frente de Todos, integrado también por la ex mandataria y ahora vicepresidenta Cristina Fernández.

En un gesto de absoluta irresponsabilidad ciudadana, y para enfrentarse a las orientaciones de Fernández ante la convulsión económica-social existente ante la COVID-19, exige que los alumnos de distintos niveles educacionales asistan a las escuelas de manera presencial, a pesar del peligro de vida para niños y jóvenes, y sus familiares. El gobernador, que actúa con absoluta impunidad, amenaza a los docentes con despidos en tanto le descuenta salarios, y a los alumnos con impedirle la continuidad de estudios cuando se normalice la tensa situación de la pandemia y puedan retornar, entre otra medidas de corte dictatorial.

Incluso, el gobierno bonaerense solicitó a las direcciones de las escuelas los listados de los padres que desobedecen sus orientaciones para demandarlos en la justicia. La actitud negacionista de Larrea lo enfrenta a una realidad mas que contundente, alertada por el presidente Fernández.

Este debate que acapara las principales páginas de la prensa argentina se desarrolla en un clima enrarecido. Ante la explosión de casos en la población en edad escolar, detener la presencia físico por un plazo breve (15 días) no debería desatar una furia de tales proporciones. La suspensión de asistencia a las clases de carácter obligatorio se justifica por el rebrote de la COVID-19 y el incremento de casos en niños y adolescentes en edad escolar. Con relación a enero y en esta fecha, el aumento de los casos en esa franja es de 70%.

Autoridades sanitarias argentinas niegan que los contagios en edad escolar ocurren fuera de las aulas, porque los niños, argumentan, en mayoría son transmisores asintomáticos. Sostuvieron que como mínimo es razonable plantear un comportamiento de precaución, lo cual desestima el gobierno de Buenos Aires. 

Larrea y Macri, con actitudes fascistoides contra padres y sindicatos del sector quieren vender la imagen de un país rebelde y desestabilizado y para ello se escudan en la pandemia. El fin, estiman analistas, es demostrar que el presidente Fernández es débil y que son ellos quienes mandan.

Pero no todos le hacen el juego a los derechistas. La Asociación Docente Ademys exigió a través de una declaración que disminuya “la circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, área territorial donde hasta el momento se reportan “cuatro docentes fallecidos, más de 6000 contagios de estudiantes, docentes y auxiliares”, así como “miles de familias aisladas”. Dicha Asociación realizó cinco días de paro consecutivo de los docentes, y este lunes y martes repitieron la acción, ahora con la exigencia al gobernador de suspender las actividades escolares, y asumir otras medidas de importancia, como conectividad para teleclases.

Hasta ahora, esa organización creó un llamado fondo de lucha –que ya cuenta con mas de 2000 dólares- para ayudar a maestros y profesores a quienes descuentan su salario por proteger su vida y la de sus alumnos.

Para politólogos, esta desobediencia de Larreta con el apoyo de Macri puede entenderse como parte de un plan de golpe blando contra el gobierno constitucional y el pueblo argentino que lo eligió tras el desgobierno del mandatario de Cambiemos, que dejó endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional por mas de 50 000 millones de dólares.

El nuevo ejecutivo liderado por los Fernández estableció conversaciones con el FMI ante la imposibilidad del pago de la deuda en los términos concertados por el jefe de Cambiemos.

Organizados por los opositores al Frente para Todos han organizado manifestaciones públicas con un enorme eco mediático anticuarentena y antivacunación, en busca de un colapso sanitario, y reforzar la idea, muy peligrosa, de táctica de conflicto de poderes jurisdiccionales. El plan es separar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del federal –al estilo de lo que pretende el departamento de Santa Cruz en Bolivia- una aventura, muy grave, con la que están de acuerdo otros líderes opositores.

Hay que considerar que en Argentina aun está intacto un bloque de poder real económico, mediático y judicial que opera desde Juntos por el Cambio. Lo que pretende ese grupo de políticos desprestigiados por su actuación es crear el caos sanitario, educacional e institucional y llevar adelante un proyecto que se va redondeando como un plan de desgaste, desestabilizador, destituyente y golpista.

El esfuerzo oficial por reducir la circulación del virus en el nuevo rebrote y vacunar a toda la población es perfectible, pero nadie puede argumentar que sea incorrecto. Y los centros escolares deben cerrar de manera temporal desde ahora. No es secreto que el presidente Fernández y su gobierno han tomado decisiones que molestan a Estados Unidos y a la derecha latinoamericana.

Argentina demostró su solidaridad con Bolivia y sus dirigentes, dándoles asilo luego de la renuncia forzada del presidente Evo Morales por un golpe de estado cívico-militar. Fernández compra vacunas a Rusia –lo que no hace Brasil, por ejemplo, por problemas ideológicos de su parte- y a China. Sacó a su país del contrarrevolucionario Grupo de Lima que batalla inútilmente para sacar del poder al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.

En medio de una situación absolutamente adversa, el presidente argentino prorrogó la suspensión de despidos y subsidia programas sociales tendientes a aliviar la pobreza en que los sumió el millonario Macri y sus políticas neoliberales.

En Argentina, el índice de pobreza llegó al 42% al término del segundo semestre del 2020, según informó la agencia de noticias argentina Telam. Ello significa que 19,2 millones de personas son pobres, y esa condición afecta al 56% de los niños de esa rica nación. Los números no mienten y es por ello que una mayoría de los argentinos rechaza la supuesta preocupación de Larreta por los menores, quienes están prácticamente en la indigencia por el mal gobierno de Macri.

Esa contradicción hace madurar la idea de que el clan derechista argentino no trata de proteger la infancia y sí desatar un plan golpista.

Aunque el gobierno progresista argentino ha buscado el consenso con la derecha, la respuesta ha sido de la peor manera. No aceptan siquiera tibias reformas de beneficio social, lo que deja en el aire la pregunta de si tendrán una respuesta contundente de la Casa Rosada o si seguirán moviendo su plan de demolición del progresismo.

Hasta ahora, el gobierno de los Fernández ha dado muestras de inteligencia y de buen manejo del poder otorgado por la sociedad – feliz por los planes oficiales de vacunación, - pero deberá esforzarse, ante todo, en el mejoramiento de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas, cuando tenga las condiciones para hacerlo. Casi todo está por rehacerse en Argentina y el gobierno nacional está consciente de las circunstancias, empeoradas por la pandemia de la COVID-19.

A los personajes políticos como Larreta y Macri no se les puede dar la mínima oportunidad de hacerse del mando. Los resultados serían un deja vu.