Complot internacional en asesinato de Jovenal Moíse

El asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, será inhumado el próximo viernes 28, en tanto las investigaciones del magnicidio comprometen a varios países del área, entre ellos Estados Unidos (EE.UU.), donde fueron entrenados varios de los mercenarios que cometieron el magnicidio.

Moïse , 53 años, fue torturado con saña (hasta le vaciaron uno de sus ojos) y recibió 12 balazos mortales mientras se encontraba en la madrugada del pasado día 7 en su residencia privada en Puerto Príncipe, la capital haitiana, junto a su esposa Martine, también herida, pero que anunció su presencia en el funeral previsto para Cabo Haitiano, la segunda ciudad en importancia del país.

Aun quedan varias preguntas sin respuesta en torno al fatal acontecimiento que profundiza la crisis nacional fortalecida con la actitud del asesinado mandatario de facto que no quiso entregar el cargo aunque había cumplido su mandato.

Moïse es indicado por el pueblo de corrupción y se le culpa del manejo irregular de más de 4 000 millones de dólares del programa Petrocaribe, promovido por Venezuela en el 2005 para la entrega de crudo a precios preferenciales y facilidades de pago a naciones pobres incapaces de asumir los altos precios del petróleo.

En Haití sobreviven una oposición fragmentada, un pueblo empobrecido, una violencia endémica fomentada por llamadas fuerzas del orden y en los últimos meses acrecentadas por bandas de delincuentes que sembraron el terror en el país —ocupante de un tercio de la isla La Española, compartida con República Dominicana— de una población estimada en unos 11 000 000 de habitantes.

Las investigaciones en torno al magnicidio indican algunos resultados, pero aun permanecen sin respuesta o son dudosos numerosos aspectos del presunto complot internacional tejido en torno al mandatario que nunca había tenido contacto con la política, salvo cuando su antecesor en la presidencia Michel Martelly lo propuso para el cargo por el partido derechista Tet Kale.

Queda claro, hasta ahora, que el magnicidio fue cometido por 29 mercenarios colombianos, algunos entrenados en EE.UU. y reclutados por compañías radicadas en suelo norteamericano dedicadas al negocio de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades haitianas detuvieron a 24 personas, entre ellas 19 ex militares colombianos y cinco haitiano-estadounidenses. Además, se aplicaron medidas cautelares contra 24 agentes locales y responsables de las unidades de seguridad presidenciales.

MUERTE PLANIFICADA

La muerte de Moïse fue planificada en enero de este año en República Dominicana, una especie de base de operaciones de los mercenarios, quienes antes de viajar a Puerto Príncipe hicieron turismo en la vecina nación caribeña.

El jefe de la policía haitiana, Léon Charles, informó que una fotografía verificó una reunión entre sospechosos del asesinato, ya capturados —solo cinco de los participantes escaparon— y el exsenador John Joël Joseph, presunto autor intelectual del magnicidio.

Charles aseguró que, “las personas en la foto estaban planeando en República Dominicana el asesinato del presidente Moïse”.

En conferencia de prensa, el director general de la policía precisó que “Estaban en un hotel de Santo Domingo. Alrededor de la mesa aparecen los autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y otro de recaudación de fondos”.

Cada día aparecen nuevas aristas sobre el magnicidio, sus presuntos autores intelectuales y sus ejecutores, que no siempre coinciden, pues son de dos fuentes diferentes: Haití y Colombia.

Hasta ahora quedó claro para las partes que de una u otra forma Estados Unidos, Colombia, y República Dominicana están relacionados con la muerte del mandatario, condenada por la comunidad internacional más allá de diversidades políticas.

Según la cadena Telesur, en dos audios fechados el 26 de enero de 2021, se escucha cómo se efectuó el reclutamiento de algunos de los ex militares detenidos, entre ellos Neil Cáceres Durán, contratado como guardia de seguridad, un puesto que requería como mínimo cursos especializados.

Desde Colombia, cuyas autoridades niegan relación con el hecho, pero rastrean “de buena voluntad”, dicen, la complicidad de los mercenarios de ese país, informaron que el jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, el comisario Dimitri Hérard, “habría realizado viajes a Ecuador, Panamá y la República Dominicana (antes de la muerte de Moïse) con vía de tránsito por Bogotá”.

El director general de la Policía Nacional colombiana, el general Jorge Luis Vargas Valencia, precisó que Hérard viajó de República Dominicana a Bogotá el pasado 19 de enero, y siguió para Ecuador, en el llamado por la población “triángulo de la muerte”, un periplo que repitió a fines del pasado mayo.

Vargas Valencia indicó que, según sus fuentes, los mercenarios fueron reclutados por Charles Emmanuel Sanon, presunto “cerebro” del magnicidio —detenido el domingo por la Policía haitiana—, mediante la empresa CTU Security LLC, con sede en Miami, Florida, EE.UU.

Sanon fue la primera persona a la que contactaron los asesinos cuando se vieron sitiados por las fuerzas de seguridad.

En su vivienda encontraron varios equipos con las iniciales DEA, así como armas, municiones, matrículas de República Dominicana y cartas que envió a diversos sectores del país, según un vocero policial, informó la agencia noticiosa Prensa Latina.

Las autoridades colombianas —que según voces autorizadas como el analista político Carlos Santa María solo pretenden desviar la atención del rol de ese país en el asesinato de Moïse— siguen entregando como válidos otros detalles y señalaron al exfuncionario del ministerio de Justicia haitiano, Joseph Felix Badio, como el jefe de la operación magnicida.

Esa fuente destacó que los exmilitares Germán Rivera, (capturado) y Duberney Capador (abatido por fuerzas de seguridad haitianas) sabían por Badio que iban a matar a Moïse.

Tres días antes del atentado, comentaron, el funcionario haitiano comunicó a Rivera y Capador que “lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití”. Lo que entra en contradicción con la dirección de la policía haitiana.

Estos dos mercenarios mantenían contactos permanentes con la empresa CTU Security, con sede en Miami.

Una de las piezas claves para esclarecer el magnicidio es esta firma, dirigida por el venezolano opositor Antonio Intriago, que, según los investigadores, habría reclutado a los integrantes del comando armado que invadió la propiedad del presidente.

Otra compañía dedicada al alquiler de asesinos radicada en esa ciudad-balneario, la Worldwide Capital Lending Group, también es objeto de indagación. El titular de esa firma, el ecuatoriano Walter Veintemilla, habría financiado con unos 50 000 dólares enviados desde Miami el movimiento aéreo de los implicados, según registros.

“Fueron comprados los pasajes en Miami, según medios haitianos, para el ingreso del resto de las personas que se unirían al grupo que ya estaba desde mayo” en la empobrecida nación caribeña.

Posteriormente, Veintemilla recibió otros giros de dinero a través de la compañía norteamericana Western Union para que “coordinara la alimentación y gastos logísticos en Puerto Príncipe”.

EE.UU. —que ha intervenido con sus militares en Haití en tres ocasiones— reconoció su implicación. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) admitió que uno de los detenidos trabajó como su informante, mientras el Pentágono confirmó que integrantes del grupo homicida recibieron entrenamiento de militares norteamericanos cuando aún pertenecían al ejército regular de Colombia.

Un responsable oficial, que solicitó anonimato a la cadena internacional estadounidense Voice of América, confirmó que los colombianos “se especializaron en tácticas, desarrollo militar profesional, conocimiento médico de emergencia, mantenimiento de helicópteros, además de asistir a seminarios sobre lucha contra el tráfico de drogas y antiterrorismo”.

Ese medio al servicio del gobierno de Washington precisó que, ahora mismo, los Departamentos de Estado y de Defensa, en un gesto de aprecio al pueblo caribeño, examinan sus registros para detectar otros eventuales vínculos con los sucesos haitianos, y el pasado militar de los colombianos en la nación norteña.

En este contexto, tras gobernar por decreto público durante más de un año tras el cierre del Parlamento, las elecciones generales siguen pautadas para el próximo 26 de septiembre.

Mientras, la población de la minúscula nación, la más pobre de América Latina y El Caribe, sigue sin entender quién mató a Moïse, un aliado de EE.UU., país al que complacería con una nueva Constitución Nacional neoliberal que daría aún más libertad a las trasnacionales agrícolas.

Para sus críticos, la Carta Magna del futuro sería redactada siguiendo las direcciones del Banco Mundial.