Continúa intranquilidad política en Haití

Haití sigue bajo los focos del mundo. Recién sepultado su asesinado presidente Jovenel Moïse, la pequeña nación del Caribe vive una crisis institucional de larga data cuyo final es solo especulativo, pues revoletean los intereses de la oligarquía local y naciones interesadas en mantener el control del país.

En un rápido movimiento interno, la pasada semana tomó posesión como primer ministro Ariel Henry, designado por Moïse 48 horas antes de ser asesinado el pasado día 7 en su residencia privada por un comando de mercenarios colombianos, con la evidente complicidad de fuerzas internas.

Henry debía asumir el mismo día del magnicidio, pero declinó ante las circunstancias, por lo que su lugar fue ocupado en medio de la confusión por el canciller Claude Joseph, quien entre sus primeras medidas solicitó ayuda a Estados Unidos (EE.UU.) para controlar la situación interna, sin resultados hasta ahora.

Sin embargo, el peligro de que EE.UU. intervenga con sus militares es latente.

La Casa Blanca insistió en los últimos días que “Estados Unidos continúa atento y envuelto en consultas estrechas” con sus socios “para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente”.

El gobierno también dijo que enviará personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Puerto Príncipe “tan pronto como sea posible para evaluar la situación”, según informó la secretaria de Prensa, Jen Psaki.

“Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de Haití es una prioridad clave de Estados Unidos. Lo era antes del asesinato de hace unos días y continúa siéndolo”, precisó.

Entretanto, Joseph, hasta ese entonces canciller, se vio forzado a renunciar la pasada semana al premierato aunque insiste en que solo aspiraba a encaminar la situación interna en medio de la conmoción reinante.

Henry, hombre de confianza del finado, declaró después de posesionarse que su compromiso principal es restablecer el orden para organizar los comicios generales del próximo 26 de septiembre ya anunciados por el gobierno de facto.

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La situación económica interna es desgarradora. El 80 % de los más de 11 millones de habitantes de ese país vive bajo el umbral de pobreza. Hasta hoy, al territorio sur de La Española no llegó una dosis de vacuna para enfrentar la pandemia de la COVID-19, ni siquiera del Fondo de Naciones Unidas (ONU) para países de bajos ingresos.

Aunque el nuevo premier reveló sus intenciones electorales, sin mencionar el tema de una nueva Constitución Nacional., su trabajo puede tropezarse con muchas trabas internas.

El primer ministro se encuentra al frente de una nación sacudida por un magnicidio realizado por mercenarios colombianos, muchos adiestrados por oficiales norteamericanos, según se comprobó, con un Parlamento y un Supremo Tribunal de Justicia cerrados por Moïse, una violencia acrecentada, un eventual referendo para una Carta Magna favorecedor de intereses económicos estadounidenses, y el cargo de presidente vacío hasta ahora.

Al parecer, sin un mandatario presencial no hay opción para el fomento de un Ejecutivo. Al menos así lo consideran las tres organizaciones que nuclean a los magistrados del país caribeño, ocupante de la tercera parte de la Isla La Española, mientras República Dominicana retiene la mayor parte del territorio.

Las asociaciones de magistrados y jueces afirman que “cualquier solución debe pasar necesariamente por la preservación y fortalecimiento de las instituciones de la república”.

Según los colegios de jueces, la crisis política e institucional empeoró tras el fallecimiento por COVID-19 del presidente del Tribunal de Casación y del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), el magistrado René Sylvestre y el casi inmediato magnicidio.

La ausencia de Sylvestre causó la lucha intestina por el cargo presidencial, que le correspondía por su cargo. Lo peor, afirma la CSPJ, es que no ha sido nombrado su sustituto ni instalados los nuevos miembros electos y designados, lo que convierte al Consejo en un ente disfuncional.

“No se aceptará ninguna solución que no tenga en cuenta el funcionamiento regular de la CSPJ, único órgano de administración, deliberación, control y disciplina del Poder Judicial”, advirtieron en un comunicado las asociaciones a los principales protagonistas políticos.

Henry, un neurocirujano de 71 años, tomó las riendas del país sin un consenso con los partidos de oposición y la sociedad civil organizada, lo cual crea un precedente de autoritarismo similar al de Moïse, quien se negó a entregar la banda presidencial cuando cumplió su mandato y gobernó de facto por decreto.

Este político y doctor es el sexto premier desde que el difunto dignatario asumiera en 2017. Antes fue ministro de Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales durante la administración de Michel Martelly (2011-2016).

Miembro del Inite, un partido de centro izquierda y socialdemócrata, es un destacado profesor en su especialidad.

Trabajó en Francia durante 19 años y al regresar se desempeñó como jefe de neurocirugía en un hospital en el que se atiende solo a personas adineradas.

Entró por primera vez en la escena política a principios de la década de 2000 como una figura destacada del movimiento opositor Convergencia Democrática, que luchaba para expulsar del poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido democráticamente y sacado por la fuerza de su responsabilidad y del país por un complot de EE.UU. y Francia..

NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO

En este contexto, la Asociación de Actores de la Sociedad Civil denunció a la comunidad internacional la interferencia en los asuntos internos de Haití a la Oficina Integrada de la ONU (Binuh, creada luego del retiro de los Cascos Azules) y el Core Grupo (de embajadores de países seleccionados).

Estas dos entidades foráneas, indican organizaciones opositoras, impusieron al expresidente Martelly, quien al concluir su gobierno nombró a Moïse, un empresario agrícola sin experiencia política, para dirigir la empobrecida nación del Caribe.

Los dos respondían al partido haitiano de derecha Tèt Kale (PHTK), aliado de la Casa Blanca. Sus administraciones acrecentaron la bancarrota de Haití.

La mayor riqueza de ese territorio son sus fértiles tierras, explotadas en su mayoría por empresas trasnacionales norteamericanas, como la Coca-Cola, a la que Moïse vendió 8 000 ha para la siembra de un producto usado en sus sodas.

Los próximos días dirán cuál es la tendencia del gobierno, incompleto hasta ahora, del pequeño país insular.

ACTORES EXTERNOS MATARON A MOÏSE

Aunque las investigaciones de la policía haitiana —muy lenta en lo que respecta a las bandas armadas que aterrorizan a la población— determinaron quienes ejecutaron al dignatario e hirieron a su esposa Martine, aún quedan cabos sueltos: ¿quiénes decidieron eliminar al llamado “hombre de los bananas” por las altas cifras de sembradíos de esta fruta en su propiedad?

Los asesinos fueron 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano contratados por una empresa de alquiler de mercenarios con sede en Miami vinculada a la oposición venezolana y a Colombia, líder en el asedio a la Revolución Bolivariana y su líder Nicolás Maduro.

• Consulte además: Preguntas sin respuestas del asesinato de presidente de Haití

Según las autoridades haitianas, el magnicidio fue planeado desde enero pasado, pero resulta inexplicable la saña con que lo hicieron. Si, como han confesado algunos detenidos, solo querían que firmara su renuncia, por qué lo torturaron, incluso le vaciaron un ojo, golpearon y finalmente le dispararon 12 balazos a corta distancia. La orden fue, según parece, eliminarlo a cualquier costo.

Desde el mismo día del hecho, policías locales capturaron a la mayoría de los mercenarios, pero aun se desconoce al mandante, aunque se piensa que sea una figura política de alto nivel.

Según comprobaciones, porque así lo declararon los detenidos, muchos de ellos fueron entrenados en el país norteño cuando formaban parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, ahora considerada la principal exportadora de mercenarios en las Américas.

Mientras no se logre arrestar al autor intelectual de la operación, la población del empobrecido país se mantendrá en una incógnita incómoda. Por el momento, la calma reina en las principales ciudades haitianas, aunque en el funeral presidencial se sintieron disparos y se lanzaron gases lacrimógenos para evitar la entrada de elementos indeseables al lugar donde se realizó la inhumación.

Colombia, por su parte, se subordinó en las investigaciones a las autoridades haitianas, pero hasta ahora solo justificó que nada tiene que ver con el acontecimiento y que después que los soldados se retiran del Ejército su único vínculo con ellos es el pago de la jubilación.

Para observadores internacionales, tanto Colombia como EE.UU. formaron parte de esta intervención injerencista cuyo propósito era conocido por la mayoría de sus integrantes, aunque ahora lo nieguen a medias.

La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido, Francisco Eladio Uribe, la empresa contratista radicada en Miami le pagaba 2700 dólares mensuales por un puesto de supuesto vigilante. Este individuo, quien se jubiló del Ejército en 2019, está siendo investigado en su país por realizar ejecuciones extrajudiciales a civiles inocentes, o falsos positivos.

Quedó claro en estos días de interrogatorio que los Estados no quieren comprometerse directamente en actividades de este tipo, pero pagan para que otros las ejecuten.

Las compañías de seguridad privada, una tapadera para reclutar a mercenarios, están activas en numerosas ciudades estadounidenses. Para realizar asesinatos selectivos, masacres y torturas, como ocurrió en Iraq, prefieren a los ex militares latinoamericanos, que cobran mucho menos por su actuación terrorista que los formados en Europa.

Colombia ahora, además de café y cocaína, añade un nuevo producto a sus exportaciones: la venta de mercenarios a bajo costo con la venia de Washington, su principal aliado en lides políticas.

La compañía contratista de los hombres que asaltaron el hogar y mataron a Moïse es la CTU (Counter Terrorism Unit), registrada en Doral Beach, Miami, propiedad del opositor venezolano Antonio Intriago, muy cercano al opositor y títere de Estados Unidos Juan Guaidó, y su principal socio es Gabriel Pérez, empresario colombiano experto en seguridad conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretel, antiguo informante de la DEA.

Hasta cuándo se mantendrá la calma en Haití pocos lo saben. Varias pandillas de delincuentes amenazan con vengar a Moïse, con las que al parecer mantenía acuerdos tácitos para crear el caos entre civiles.