Perú, nación suramericana aliada a Estados Unidos contra Venezuela, vive hoy una de sus peores crisis políticas, con el Congreso Nacional de mayoría fujimorista disuelto por el presidente Martín Vizcarra, para evitar el nombramiento de un Tribunal Constitucional que proteja la corrupción.
Aunque la medida del dignatario está prevista por la ley, los legisladores, en gran parte indicados como presuntos corruptos, decidieron suspenderlo en sus funciones y nombrar en su lugar a su vice, Mercedes Aráoz, del Partido por el Kambio, quien pocas horas después renunció, lo cual dio un nuevo giro a la grave crisis política que vive Perú y que agudiza el choque de poderes existente entre Congreso y gobierno.
Vizcarra llegó al gobierno en sustitución de Pedro Pablo Kuczinski, acusado de corrupción en 2018, y reconocido amigo de Alberto Fujimori y su hija Keiko, quien fue su contrincante electoral, ahora en prisión preventiva por lavado de dinero.
El conflicto de poderes estalló a lo grande el pasado lunes cuando los congresistas se negaron a brindarle al Mandatario un voto de confianza vinculado a una reforma de procedimiento para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyos jueces deciden el destino de los políticos locales, entre otras funciones.
Haciendo caso omiso de las advertencias oficiales, el Congreso nombró a un primer magistrado –de los seis que deben ser cambiados por término de mandato - el que, presuntamente, fue aceptado de buen grado por el partido de derecha Fuerza Popular de los Fujimori, y otras agrupaciones de similar ideología.
Para disolver el Parlamento, Vizcarra invocó el artículo 134 de la Carta Magna con lo que evitará que el cuerpo legislativo designe y controle una Corte con certeza negada a continuar el proceso investigativo de las operaciones de la firma Odebrecht de Brasil, que involucra a los últimos cinco presidentes peruanos, entre ellos Alan García, quien se suicidó antes de ser apresado.
Ante el desacato a sus órdenes, el Dignatario disolvió el órgano legislativo y convocó a elecciones de ese nivel el próximo 26 de enero, adelantando un año la fecha original y restando fuerza a la derecha en sus preparativos para tales comicios.
En un mensaje a la nación, Vizcarra –que goza de un 56% de apoyo de los peruanos, dos puntos menos desde que se alió a Estados Unidos contra Venezuela- afirmó que el choque de poderes ¨comenzó hace tres años y ya las vías de entendimiento están cerradas¨.
¨Es claro que la obstrucción y blindaje del Parlamento a mis iniciativas no cesan y no habrá acuerdo posible para cambiar la designación de jueces del Constitucional¨, afirmó en su alocución, mientras en los alrededores de la sede del Congreso se reunieron centenares de limeños exigiendo la salida de los rebeldes.
El jefe de Estado reiteró a la población que el Congreso Nacional está alejado de la realidad peruana, al negar los proyectos presentados por el ejecutivo, los cuales, precisó, buscan reformas internas, como la evaluación de inmunidad política, eliminación de voto preferencial, participación de mujeres con paridad y prohibición de dineros ilícitos en campañas electorales.
En julio pasado, el foro eligió su nueva mesa directiva para el periodo 2019-2020. Ganó la lista encabezada por Pedro Olaechea, apoyada por Fuerza Popular, y los también derechistas Apra, Contigo y Cambio 21.
En absoluta desobediencia y con el rechazo popular en localidades como Arequipa, Huaraz, Huancavelica y Piura, juramentó a Aráoz, quien asumió como ¨presidenta en funciones¨, después de ser declarada la ¨incapacidad moral temporal¨ de Vizcarra. A la sesión en rebeldía asistieron 86 de los 130 diputados.
El arriesgado paso del Congreso fue adoptado horas antes de que Jorge Barata, exdirector en Perú de Odebrecht – vuelva a declarar ante los fiscales.
Según fuentes judiciales allegadas al caso se espera que Barata denuncie a otros políticos locales a los que entregó dinero de manera irregular.
Vizcarra, que aunque era vicepresidente estaba como embajador de su país en Canadá, accedió al cargo tras comprobarse que Kuczinski estaba comprometido en el escándalo conocido como Lava Jato, desatado durante las indagaciones de la petrolera brasileña Petrobras.
El analista Nicolás Lynch señala que Perú ¨ está ante el peor de los escenarios, con un triunfo del fujiaprismo, en clarísima minoría social, y la posibilidad de que se termine en un giro autoritario hacia la extrema derecha.
En su opinión, peligran las elecciones presidenciales de 2021, cuando se supone que gane una opción progresista, dada la decepción popular ante los partidos tradicionales. La salida está fuera del espacio congresal, en la calle y en la opinión pública que de manera abrumadora en los últimos tiempos expresan su deseo de que el “elenco estable” de la política peruana se vaya a su casa¨.
Para la antropóloga, docente e investigadora Mariana Álvarez Arellana, ¨el éxito inicial de la entrada de un tercer actor, que traiga de las calles la definición del problema, será el inicio de un proceso constituyente, que ponga en la agenda pública el debate sobre una Nueva Constitución para salir del atolladero en que nos han metido. El asunto es anatema para los que gozan de los privilegios que les ha brindado el poder corrupto, pero no nos queda otra cosa si queremos salvar a la república refundándola sobre bases democráticas¨.
La líder del progresista Movimiento Nuevo Perú (NP), Verónika Mendoza, al participar en una marcha de apoyo a la actitud de Vizcarra, dijo que este es un primer paso del pueblo hacia la recuperación de sus instituciones y de la democracia.
'Estamos celebrando esta victoria que nos ha costado organización y movilización sostenidas a lo largo de años', afirmó, en tanto advirtió que 'la mafia política' (la mayoría legislativa) pretende aferrarse a sus curules
En las últimas horas, Vizcarra estuvo reunido con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que le manifestaron respaldo absoluto y al orden constitucional, según indicó un tuit de la Presidencia peruana.
Es muy posible que si los parlamentarios se nieguen, como hasta ahora, a abandonar su recinto, sean activadas las fuerzas del orden para enviarlos a casa, indican fuentes oficiales.
Mientras, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió calma a Vizcarra, que se manifestó como uno de sus fieles aliados cuando permitió la organización del autodenominado Grupo de Lima, en la capital nacional, contra la Revolución Bolivariana.
Aunque los peruanos cierran ahora filas para proteger su endeble democracia, los números indican que la popularidad del presidente sigue bajando desde que se reunió con su homólogo colombiano Iván Duque para confirmar su postura contra Caracas.
Vizcarra se plegó públicamente a los intereses de Donald Trump, quien eligió a un desgastado Guaidó, ahora asilado en Bogotá, como sustituto de Maduro.
Partidos políticos peruanos como Patria Roja y Frente Amplio afirmaron que la postura del gobierno peruano ¨es una vergüenza para el pueblo al prestarse al juego de Estados Unidos, que busca controlar el petróleo venezolano¨.
Al contrario de las negociaciones en que participa el gobierno de Maduro y representantes de la oposición que buscan la paz, Duque y Vizcarra ratificaron la conspiración del Grupo de Lima a favor de una intervención militar en la tierra de Bolívar.
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