De vuelta a la pesadilla en el occidente sudanés

Sin dudas, la segunda semana de abril resultó muy tensa para los habitantes de la región de Darfur Occidental, en el oeste sudanés, donde los disturbios entre comunidades pusieron a prueba la capacidad evolutiva del proceso de transición política en el país.

Ocurre que construir un Estado que realmente sobrepase la era post-Bashir pasa por cumplir una serie de requisitos, entre los primeros está ser capaz de defender su integridad y a sus ciudadanos.

Esa garantía para la supervivencia de la estructura, una vez más se deja de cumplir cuando el espacio donde se supone que florezca la convivencia desaparece por obra y desgracia de la violencia, así como pisoteada por centenares de desplazados que huyen.

La interrogante pertinente es: ¿marcha así correctamente la transición esperada después de las expectativas de cambios creadas con el derrocamiento en abril de 2019 del gobierno de Omar Hassán al Bashir, precisamente acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra en la región de Darfur?

Abrir la caja de Pandora no es trabajoso cuando existen múltiples problemas atascados desde la época colonial —como es la justa distribución de territorios y recursos como el agua, un fundamento para la vida— los cuales empeoraron con el tiempo.

En su historia, el llamado Sultanato de Darfur —fundado en 1603, anexado a Egipto en 1874, colaborador de las Potencias Centrales en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) e independiente hasta 1916— destaca por su posición geográfica estratégica con sus fronteras con Libia, Chad y República Centroafricana.

La región de Darfur —o tierra de los fur— la integran tres Estados (Shamal Darfur o Darfur Septentrional, Gharb Darfur o Darfur Occidental, y Janub Darfur o Darfur Meridional) y en ella se escenificó una guerra desde 2003 hasta 2009, la primera etapa y la segunda del 2010 al 2020.

El conflicto interno se caracterizó inicialmente por enfrentamientos de pueblos musulmanes de las etnias fur, zaghawa y masalit (negroafricanas), y los de la comunidad abbala (de origen árabe), pero eso con el tiempo quedó desbordado por diversas razones sociopolíticas y económicas.

Los combates enfrentaron a las guerrillas de los movimientos con perfil separatista con las milicias progubernamentales del yanyawid (jinete armado), acusadas de arrasar poblaciones enteras con el afán de ejecutar limpiezas étnicas en Darfur, uno de sus jefes, Ali Kushayb, está hoy bajo custodia de la Corte Penal Internacional en espera de juicio.

En 2020 las autoridades de Jartum y los grupos insurgentes, principalmente los de Darfur, firmaron un acuerdo de paz en el ámbito del proceso de transición política nacional, pero el jolgorio no duró lo suficiente porque otros espectros salieron de las sombras.

Si bien se aprecia cómo a lo largo de su trayectoria la violencia en la citada región occidental sudanesa tuvo un marcado protagonismo, la contienda que estalló en Al Geneina, la capital de Darfur Occidental, entre miembros de varias comunidades alcanzó una dimensión inesperada y exageradamente sangrienta.

Conformes con balances preliminares, la cifra de muertos en menos de una semana superó los 130 y más de 200 heridos, lo cual ilustra la intensidad del evento y hace dudar de la operatividad de los agentes oficiales en proveer de seguridad a toda la población y salvaguardar con mucho respeto los intereses de cada grupo.

Tomando en cuenta el deterioro de la situación se presenta como imperativo movilizar al Ejército para contener los choques armados y restablecer el orden, como indicó el gobernador estadual, Muhammad Abdullah Al-Duma, una opción urgente que podría, paradójicamente, recrudecer la beligerancia si no se aplica con mucho tacto.

Es innegable que en tiempos de transición política y COVID-19 en Sudán, el conflicto entre comunidades, por las razones que sean, acerca al país al borde del precipicio social y de convertir en escombros las posibilidades de cambios sustanciales para casi 40,5 millones de ciudadanos de las etnias que sean.