Duque en aprietos

El ultraderechista presidente colombiano, Iván Duque, el favorito de las administraciones estadounidenses que allí tienen siete bases militares, enfrenta hoy un movimiento popular organizado, sin precedentes, que le hizo renunciar, hasta ahora, a varias reformas neoliberales con un evidente desgaste para su gobierno.

Duque siempre se ha proyectado como un gobernante prepotente, con evidente desprecio hacia la ciudadanía pobre, y más aún los indígenas y los campesinos, a quienes ha dejado esperando, sin excusarse, tras la celebración de una minga pacifica en Valle del Cauca.

A este hijastro político de otra figura macabra de la política colombiana, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe, los graves problemas de la sociedad colombiana le son indiferentes. Su mandato, hasta ahora de tres años, fue dedicado a asuntos bien concretos: elevar la crudeza del sistema neoliberal, acabar con los líderes sociales y ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz de 2016, y hacerle la guerra a Venezuela por órdenes de Washington.

Es evidente que no miró por dentro a su país, cuya gente se mantiene en un movimiento político constante, que no se limita, por supuesto, a la explosión social de octubre de 2019, seguidas en el 2020, tanto en grandes ciudades como en zonas campesinas arrasadas por los hacendados y sus bandas paramilitares.

Como la mayoría de los presidentes de Latinoamérica alineados a la derecha, el Duquesito, como suelen llamarlo los colombianos, ni se imaginó, cuando presentó sus reformas al Congreso Nacional, la tributaria y la de salud, que una masa organizada en varios Estados del país estallaría al mismo tiempo.

Desde el pasado 28 de abril volvieron a llenarse las vías y las bloqueadas carreteras por personas que reclaman sus derechos ciudadanos, ante la arremetida neoliberal del presidente, mediante aprobación del Congreso Nacional.

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La extrema violencia de los cuerpos armados se ha hecho sentir. Hasta el pasado día 20 se reportan 43 fallecidos, presuntamente a manos de la fuerza pública. Hay al menos 2387 casos de violencia por parte de la policía, unos 80 desaparecidos y 384 víctimas de brutalidad física.
En este tiempo hubo 1139 detenciones arbitrarias, 472 intervenciones violentas, 33 víctimas de agresiones oculares, 146 casos de disparos de arma de fuego y 18 abusados sexualmente en las comisarías.

La gente se lanzó a las calles primero contra la reforma tributaria, que afecta a la clase obrera, al imponer el pago de mayor cantidad de impuestos.

Era un documento de 110 páginas nombrado Ley de Solidaridad Sostenible, que a pesar de su engañoso nombre elevaba los tributos y perjudicaba a los de menos ingresos.

A ese clima de rechazo se une el creciente descontento interno por la indiferencia gubernamental ante la pandemia de la COVID-19, que cobró la vida de unas 72 000 personas hasta mediados de este mes, y aumentó los niveles de desempleo y pobreza.

Algunos sectores también anotan que la salida a las calles también tiene mucho que ver con el retraso de las campañas de vacunación masiva que prometió el gobierno nacional.

Hasta la fecha, cerca de cuatro millones de colombianos, menos del 10 % de la población, recibieron la primera dosis.

Algunos medios sindicales afirmaron que la reforma tributaria aprieta a los sectores de la población más castigadas por la pandemia, lo que no pasa inadvertido en momentos tan difíciles.

La derrotada reforma tributaria tenía cuatro puntos: ampliar la base de recaudación, evitar que la deuda colombina genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica, y crear un fondo para la conservación ambiental.

El entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que los 6,300 millones de dólares que pensaban recaudar por esa vía llegarían en un 73 % de las personas naturales y el resto de las empresas. En Colombia el salario mínimo es de 234 dólares.

Además, la ley proponía el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en ese país es de un 19 % a productos de consumo básico, como los servicios públicos (agua, luz y gas), funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros hasta ahora exentos.

Aunque la propuesta de Duque cayó ante la fortaleza de las protestas, que mantenían bloqueadas importantes vías con afectaciones a la economía nacional, el pueblo en las calles exigía más al gobierno que, en los primeros días, ignoró las solicitudes.

Duque tuvo que sentarse con el Comité Nacional del Paro (CNP), que logró su primera victoria colectiva e insistió, como prioridad para regresar a cierta normalidad, el cese de la represión desmedida a miles de personas pacíficas.

Días después, y ante la firme postura del CNP, el gobierno tuvo que parar también la reforma de la salud. Habría que reestructurar su texto para darle paso libre a la atención de las personas sin considerar su posición económica.

La población quiere que la salud sea gratuita, algo muy difícil de asimilar por un régimen derechista y cuyos miembros representan un sector oligárquico. La mayoría de los hospitales en Colombia son privados, y los pocos públicos solo funcionan en algunas zonas apartadas del país.

 “La salud no puede seguir siendo un negocio y como se planteaba esta reforma lo seguía siendo; en ese sentido si continuamos nosotros con ese sistema, nunca vamos a llegar a un buen puerto”, argumentó el miembro del partido Alianza Verde y representante a la Cámara, Fabián Díaz.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el proyecto de ley 010 de la reforma tiene modificaciones de naturaleza financiera y territorial. Los gremios de la salud critican que el proyecto intenta reglamentar la ley estatuaria de salud de julio de 2020, y que las modificaciones solo distraen de la situación que vive Colombia en la actualidad.

En opinión del senador Guillermo García, el proyecto privilegia a los particulares y a los negocios por encima del derecho fundamental a la salud.

El cambio planteado por Duque era aumentar las partidas del gobierno que se entregan al sector privado, al que solo pueden acudir los que tienen seguro médico. Es decir, en lugar de fortalecer los centros estatales, destinados a los pobres, entrega el dinero a los privados.

Una situación inaceptable para la gran mayoría de la población, que desea un sistema de salud con acceso gratuito, y con calidad, al que puedan acceder todos los ciudadanos.

El CDP nacional, que ya advirtió que no logra entenderse con la representación gubernamental, mantiene el levantamiento en las localidades del país, como Cali y Medellín, en donde se destacan las zonas indígenas que mantienen mingas (movilización/acción) permanentes.

REPRESIÓN FASCISTOIDE

Hubo dos renuncias ministeriales importantes. Además de Carrasquilla, el otro peso pesado del gobierno que dejó el cargo de manera irrevocable fue la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, quien no pudo contrarrestar la pésima repercusión que tuvo la represión contra personas indefensas. La preocupación oficial fue manifestada por Naciones Unidas y la Unión Europea.

Su lugar fue ocupado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien intentará revertir las constantes derrotas en política exterior, en especial con el tema Venezuela, en el que Colombia sustenta el bloqueo de Estados Unidos, mientras entrega sus fronteras para atacar a miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas del vecino país, con evidentes fracasos.

Militante del Partido Conservador, aliado en 2018 del uribismo para apoyar a Duque, se distinguió por liderar cuando era su ministra de Defensa la “Operación Orión”, donde miembros del Ejército incursionaron en la Comuna 13 de Medellín para aniquilar las llamadas “milicias urbanas”. 

Mientras Duque intenta maniobrar para acallar las multitudinarias concentraciones pacíficas, el CDP y las organizaciones humanitarias de distintos países piden el cese de la violenta represión, medios colombianos reportaron que este miércoles continuaron las acciones de los uniformados en distintas localidades.

Varias personas resultaron heridas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), conocido por su violencia y crueldad.

La cadena multinacional Telesur informó este jueves que ahora los reclamantes exigen al gobierno —que ya se negó— replegar al ESMAD de las calles, donde su presencia es altamente peligrosa.

En estos más de 25 días de protestas, esa fuerza policial ha usado bombas lacrimógenas incluso frente a un hospital en Bucaramanga, afectando a los médicos y pacientes ingresados, a los que hubo que sacar mediante la creación de un corredor humanitario formado por grupos estudiantiles.

Un pronunciamiento del CDP afirma que Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta, dijo, a las garantías es la de tierra arrasada contra el paro nacional.

El Comité, en nombre del pueblo, exige la renuncia del ministro de Defensa, el comandante de la Policía Nacional y el comandante de las Fuerzas Militares, quienes dirigen las operaciones de violencia estatal y paraestatal.

Un documento que emplaza al gobierno nacional, respaldado por más de 900 firmas de organizaciones y personas, recuerda que “por mandato del pueblo seguimos en paro y nos mantendremos en las calles y carreteras para que crezca la ola de sueños y de vida”.