Un Ecuador tranquilo, al menos en apariencia, mantiene en vilo al gobierno derechista de Lenin Moreno, luego que fuera obligado por la presión popular a derogar el decreto 883, dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para inyectarle dinero a la débil economía nacional, mientras subyacen inquietudes oficiales y un foco de rebeldía social en compás de espera.
Hay expectativas de diverso tipo sobre la compleja situación que deberá enfrentar el gobierno de Quito en los próximos días, pues aunque echó abajo la medida que subía hasta un 120% el precio de los combustibles y arrastraba los precios de la canasta familiar, deberá responder por los ajustes acordados con el FMI para acceder a un crédito solicitado de unos 4 000 millones de dólares.
Son profundas las heridas que dejaron 12 días de protestas en las calles, con saldo de ocho fallecidos, 1340 heridos, 100 desaparecidos, y más de mil detenidos, debido a la represión militar y policial ordenada por el Ejecutivo ecuatoriano que, como precaución, trasladó su sede a Guayaquil, uno de los reductos de la derecha en el país. El mandatario dictó el estado de excepción, el toque de queda para Quito y una represión similar a la de los regímenes dictatoriales que azotaron este país conocido por su inestabilidad política.
Los decretos firmados por Moreno en cumplimiento de sus compromisos con el FMI y la oligarquía ecuatoriana, disparó la movilización del pueblo que primero protagonizó un paro nacional liderado por el sindicato de los taxistas y después trajo a la capital a distintos grupos sociales y pueblos autóctonos.
Aunque la prensa hegemónica quiso centrar la protesta en los indígenas –a quienes Moreno calificó de zánganos y de ignorar el motivo de su repudio al alza del combustible si carecen de autos- lo cierto es que en las calles de Quito se unieron trabajadores, campesinos, estudiantes y, sobresaliendo entre ellos, una enorme cantidad de mujeres con sus hijos.
El pasado domingo, luego de varios días en que soldados y policías atacaron a la gente con gases lacrimógenos, balas de goma, y porrazos, bajo una fuerte presión Moreno anunció la derogación del 883 y una reunión solo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), obviando la participación de diferentes actores sociales.
El acuerdo del diálogo resultó en que tras la eliminación del decreto una Comisión formada por las partes redactaría otra resolución que, se supone, tratará de quedar bien tanto con el FMI, como con el pueblo, lo cual resulta una conciliación improbable.
Son muchos los que se pregunta qué se logró exactamente en Ecuador, pues aunque se eliminó el decreto que eliminaba el subsidio del combustible, su sustitución ¨carece de una fecha determinada¨, como reconoció el presidente en su cuenta en Twitter.
Un comunicado de Naciones Unidas (ONU), intermediario en el diálogo, aclaró, al menos en parte, por donde camina una posible y complaciente solución..
El documento señala que “se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas con mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.
La CONAIE, que celebró casi 24 horas el éxito popular, aclaró que ¨esto no termina (al referirse a otras posibles concentraciones) hasta que el acuerdo no se concrete a cabalidad¨.
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En la práctica, las masas ecuatorianas lograron solo una victoria parcial sobre el decreto de mayor impacto en la economía y en la batalla simbólica. Sin embargo, hay que considerar también que no se mencionan otros dictados oficiales que afectan directamente a la clase obrera, como la reducción de vacaciones, el próximo cese de mas de 10 000 puestos de trabajo, la donación de un día de salario mensual. Todo para pagarle al FMI.
Para sellar su deuda, el gobierno tiene que buscar los fondos apretando la tuerca económica contra los trabajadores y las clases mas vulnerables. Recetas que le aconseja su propio acreedor.
Pero en Ecuador la aplicación no resultó fácil. Los millares de personas que colmaron los alrededores de la Asamblea Nacional buscando una respuesta democrática a las regulaciones oficiales, no se movió de los lugares que fue ocupando durante varios días.
Las universidades se abrieron para albergar a quienes llegaban de las provincias luego de días de caminata; los sindicatos prepararon comida, la ciudadanía ayudó con botellones de agua. La capital ecuatoriana rebosaba de valentía y de solidaridad entre los llamados zánganos.
Para analistas, como Orestes Pérez, de Telesur, Moreno está en una encrucijada muy difícil, pues quedan muchas interrogantes y pocas respuestas respecto al álgido tema de cómo quedar bien con el FMI y con el pueblo, al que evidentemente subestimó el antiguo izquierdista de Alianza País, y vicepresidente durante seis años de Rafael Correa, de quien se decía amigo.
El mandatario escondía una máscara que pronto cayó develando sus verdaderas intenciones políticas, luego que el movimiento Alianza País lo llevara como candidato –y gracias a ello ganó su puesto en Carondelet- uniéndose a la derecha nacional y acusando a sus ex compañeros de corrupción y otros delitos, entre ellos Correa, el también ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a ocho años de prisión y el ex canciller Ricardo Patiño, asilado en México.
La embajada mexicana informó este martes que al menos otras cuatro personas ingresaron en su sede diplomática, con solicitud de asilo político.
En violación de los derechos humanos de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo presentará cargos contra al menos dos ministros, y hará una declaración sobre las indagatorias a los prisioneros y heridos.
Según la Defensoría, cuyos miembros han recibido amenazas de muerte, un 22% de los detenidos tienen menos de 19 años y entre ellos hay numerosos niños. Solo un 24% del total tendría motivos para estar en prisión.
Cumpliendo órdenes del jefe de gobierno, otra de sus atribuciones que constituye un uso y abuso excesivo de sus poderes, el presidente de la Corte Provincia de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva durante 90 días para la prefecta de esa provincia Paola Pabón, aliada del presidente Correa..
Arrieta, además, ordenó igual medida contra Cristian González y Pablo del Hierro, la inmovilización de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar sus bienes. A los tres se les acusa de rebeldía, luego de allanar las oficinas de Revolución Ciudadana, donde encontraron celulares y computadoras.
Este martes, Moreno dictó dos ordenanzas ejecutivas que designa como jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas al general de división Luis Lara Jaramillo, mientras que el general de brigada Luis Altamirano Junqueira asume como comandante general del Ejército.
Los líderes de las protestas exigieron la renuncia de la ministro del Interior, María Paulo Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes se consideran junto con el mandatario, los máximos responsables de la contención pública.
Ahora mismo, Ecuador se mueve sobre tres escenarios: una victoria pírrica del movimiento popular, el interés del mandatario de reconocer solo a los indígenas como interlocutores legítimos y criminalizar al correísmo.
En declaraciones públicas, culpó de la insurrección al presidente venezolano Nicolás Maduro y a Correa, quien se encuentra en Bruselas, desde donde condenó la actuación represiva de las fuerzas militares y policiales.
Otro escenario es el despliegue de persecución, iniciado durante la llamada toma de Quito, contra figuras de Revolución Ciudadana, como la asambleísta Gabriela Rivadeneira, refugiada en la embajada mexicana, y la ex alcaldesa Alexandra Arce, quien está detenida.
Por último, queda por comprobar la tesis de si el gobierno cedió solo lo necesario para tranquilizar a los movimientos populares y organizaciones políticas de oposición.
Queda claro que Moreno –con solo un 10% de apoyo público- y los capitales ecuatorianos no se detendrán en su intento de neoliberalizar la economía, mientras continúa en su alineamiento con Estados Unidos como epicentro de su política exterior.
Ecuador está en compás de espera, con un gobierno herido de muerte. Los próximos días pueden volver a poner las piezas en movimiento.
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