El 5 de enero pasado, dos años después de que se autoproclamara presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó perdió su discutible sillón presidencial. Ese día se instalaron los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, elegidos el 3 de diciembre, en un proceso calificado como fraudulento e ilegítimo por los partidos de la oposición —que optaron por no participar— así como por la OEA, el Grupo de Lima (Argentina y México se abstuvieron), la Unión Europea y Donald Trump.
Los diplomáticos designados por Guaidó en más de 50 países, así como sus representantes en la OEA y el BID, carecen hoy de representatividad.
EL CAMINO DE GUAIDÓ A LA PRESIDENCIA
La Asamblea Nacional que presidió Guaidó fue ganada por la oposición en 2015, en el marco de una campaña política que buscaba la salida de Nicolás Maduro, elegido en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez. Las demandas para que Maduro abandonara el poder se tornaron violentas y en 2017 convocó a una Asamblea Constituyente que funcionó como una instancia paralela a la Asamblea Nacional. Es cuando se creó el Grupo de Lima para interceder en la crisis democrática venezolana, perfilada como autocracia. Existía el antecedente de 2008: cuando Chávez era presidente, le retiró funciones y recursos a la Alcaldía de Caracas, que había ganado la oposición, y creó un cargo paralelo: la jefatura de gobierno de Caracas.
La oposición había llamado a boicotear las elecciones presidenciales de 2018, pues anunció que estas no ofrecían garantías. Sin la participación de la mayoría de los partidos de la oposición, Maduro las ganó, pero Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima desconocieron el resultado. Con un velo de ilegitimidad, Maduro asumió su segundo mandato presidencial el 10 de enero de 2019. Trece días después, Guaidó, quien presidía la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente encargado al alegar que Maduro había hecho “abandono del cargo” al perpetrar un fraude electoral. De acuerdo con la Constitución, debía convocar a elecciones en treinta días, pero no lo hizo.
JUAN GUAIDÓ Y MAURICIO CLAVER-CARONE EN ACCIÓN
La presidencia de Guaidó fue parte de la estrategia diseñada por Mauricio Claver-Carone, entonces director de Asuntos para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para sacar a Maduro de la presidencia. El plan incluía ingentes recursos que permitieran sostener un cuerpo diplomático paralelo y promover la deserción de las Fuerzas Armadas leales al régimen de Maduro. Incluso el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) había invocado a las Fuerzas Armadas venezolanas a reconocer a Guaidó como presidente encargado de la república.
Otro componente de la estrategia de Claver-Carone consistió en imponer el ingreso de ayuda humanitaria por varios puntos del país, acompañada de una fuerte campaña mediática, como una suerte de caballo de Troya que produciría rápidamente la caída del Gobierno en el escenario de una población afligida por graves padecimientos económicos y el rechazo de Maduro a la iniciativa, por considerar que no respetaba los protocolos internacionales y que representaba migajas en comparación con el despojo y embargo de cuentas petroleras realizado por Estados Unidos. El tema estaba tan politizado, que la Cruz Roja Internacional se negó a participar.
Sin embargo, el 23 de febrero de 2019, Guaidó decidió que la ayuda se internara desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, con la presencia del secretario general de la OEA y de los presidentes de Chile, Paraguay y Colombia. Poco antes había llamado a las Fuerzas Armadas de su país a ponerse del «lado correcto de la historia» y permitir el ingreso, pero la Guardia Nacional de Venezuela se resistió y desconoció las invocaciones.
Así, el montaje resultó en un nuevo fracaso. Guaidó atribuyó a las fuerzas de Maduro el incendio de uno de los camiones que transportaba parte de la ayuda con estas afirmaciones: «la comunidad internacional ha podido ver, con sus propios ojos, cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad». No obstante, un mes después, el New York Times reconstruyó las imágenes y concluyó que las fuerzas de la oposición prendieron fuego al camión.
SE EQUIVOCÓ LA PALOMA
El fracaso del plan exprés de rescate de la democracia en Venezuela debilitó la posición de Guaidó. Ni él ni Claver-Carone habían sopesado que la poco disimulada injerencia del Gobierno estadounidense en Venezuela era inviable en un cogobierno cívico-militar. Maduro cuenta además con el apoyo de la Milicia Nacional Bolivariana —con cerca de dos millones de integrantes— y de los “colectivos”, grupos civiles motorizados que actúan como fuerzas de choque en apoyo al Gobierno.
Luego de este fiasco, las presiones para derrocar a Maduro se centraron en incrementar la asfixia económica del país. El Departamento del Tesoro congeló las cuentas de CITGO, empresa propiedad de la empresa estatal de petróleos PDVSA, constituida por tres refinerías que procesan petróleo crudo de Venezuela y lo distribuyen a más de cinco mil estaciones de nafta en Estados Unidos. Además, se retuvieron en Londres lingotes de oro valorados en casi dos mil millones de dólares de propiedad del Banco Central de Venezuela, se prohibieron las inversiones y el comercio con Venezuela, se embargaron cuentas, se afectó a la empresa aérea Conviasa, entre otros.
A ello se añadieron el intento de asesinato a Maduro con drones cargados de explosivos durante una celebración oficial, en agosto de 2019, e incursiones armadas en mayo de 2020 (Operación Gedeón) con el objetivo de capturar a Maduro y a otros dirigentes. Militares venezolanos que habían desertado y exmiembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos —entrenados en territorio colombiano— organizaron estas expediciones, que fueron interceptadas y derrotadas por las Fuerzas Armadas de Venezuela: ocho miembros resultaron muertos y medio centenar capturado, actualmente en prisión.
Así, un desacreditado Guaidó, que no fue capaz de unificar a la oposición, se negó a participar en la elección de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre pasado, en la que solo sufragaron 5.4 millones de votantes, equivalentes al 31% del padrón electoral. En un intento por encontrar algún resquicio de legitimidad para mantener su cargo de presidente encargado, Guaidó apostó por realizar una consulta popular durante seis días, que pretendía ser aluvional, pero resultó un fiasco. Una vez que culminó el 12 de diciembre, sin ningún tipo de supervisión y ninguna prueba, declaró que habían participado 6.4 millones de personas, de las cuales 2.4 millones lo hicieron a través de aplicativos de internet y el resto de forma presencial, con casi un millón de votos en el extranjero.
En un acto inconstitucional, la Asamblea Nacional prorrogó su vigencia por un año el 27 de diciembre y nombró a Guaidó como su presidente. Carente de un cargo legítimo y de respaldo popular, la Unión Europea dejó de reconocerlo como presidente encargado. La OEA y el Grupo de Lima no se han pronunciado todavía. Su principal impulsor, Donald Trump, ya no tendrá tiempo de hacerlo puesto que está abocado a mostrarle al mundo su particular forma de ejercer el respeto a la institucionalidad y a la democracia en su país.
EL NUEVO ESCENARIO
El triunfo de Joe Biden abre la posibilidad de una nueva etapa de negociaciones. Tanto el Grupo de Lima como la OEA han limitado sus capacidades para interceder, pues su actuación resultó muy funcional a la de Trump. Las cartas deberán barajarse nuevamente y conformar grupos mixtos con participación de la Unión Europea, del nuevo Gobierno norteamericano y de algunos países latinoamericanos.
En la crisis institucional de Venezuela, las fuerzas de la oposición no pueden eximirse de su responsabilidad.
Negarse a participar en los procesos electorales es dejar libre el terreno al Gobierno que quieren reemplazar. Muchos de sus representantes esperan que las soluciones vengan desde fuera mientras ellos reciben cuantiosas donaciones que los desmotiva a luchar en los espacios que se ofrecen en su propio país. Una investigación del Washington Post ha revelado un manejo irregular de activos de Venezuela en Estados Unidos del círculo cercano a Juan Guaidó, que fueron adjudicados a su presidencia paralela en alianza con la Administración de Trump. La reconciliación del país y su recuperación económica e institucional siguen pendientes, pero la estrategia “con el pie en alto” para lograrlo, diseñada por el actual presidente del BID, han demostrado ser inviables.
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