No se cansa Luis Almagro de sumar ignominias al negro historial de la Organización de Estados Americanos, la OEA. No satisfecho con haber impulsado el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, bajo la falsa información sobre fraude electoral, ahora expresó su “preocupación” por el arresto de Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de ese país, acusada de haber ayudado a fomentar el golpe contra el gobierno progresista del derrocado presidente Evo Morales, y ser corresponsable de dos masacres de ciudadanos.
El comunicado de la Secretaría General de la OEA manifiesta “que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.
Toma la defensa de los golpistas y acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. “En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al gobierno”, indicó.
“Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló la secretaría general de la OEA, que nunca se había pronunciado sobre el lawfare aplicado por gobierno derechistas en varios países latinoamericanos.
Se supone que las tareas del secretario general de la OEA están circunscriptas a conducirse de acuerdo con las facultades que le otorga la Carta de la organización, fomentando el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, y no polarizando a la ya dividida organización.
Este nuevo desmán de Almagro encontró el apoyo del ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro quien consideró “irrazonable” la detención de Áñez y que se la pueda acusar de haber perpetrado un “golpe de Estado”.
Y sumó duras respuestas. Con esos antecedentes queda claro que en tanto siga al frente de la OEA, el organismo panamericano continuará traicionando sus principios fundacionales explícitos y continuará atada al papel de instrumento de la política exterior estadounidense.
La remoción de este funcionario impresentable debería ser el primer paso a seguir para los gobiernos latinoamericanos comprometidos con la democracia y los principios de soberanía y autodeterminación, señala un editorial del diario mexicano La Jornada.
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Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, le hizo un fuerte llamado de atención ante el continuado injerencismo de la secretaría general de la OEA. Guadarrama recordó ésta debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano.
Por su parte, la cancillería boliviana repudió las opiniones del 15 de marzo último con las que Almagro pretendió dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos.
Almagro descalificó el proceso judicial contra Áñez y 13 de sus cómplices en el golpe y al Estado boliviano mismo, “en un exceso inadmisible para el cargo que ocupa”. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019”, subraya la declaración.
“Una vez más, se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa” e ignoró a “las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos”, citando entre otras las masacres de Sacaba y Senkata.
Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la OEA, por “persistentes acciones de injerencia” e “incumplimientos” de convenios de la entidad con la nación andina.
Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, donde se señala que hubo “irregularidades” en los comicios, y señaló que el informe no era parte del convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, “peor aún”, el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.
Es por demás conocido que la secretaría general de la OEA, bajo el conducción de Almagro y las órdenes de Washington, se ha extralimitado en sus funciones, no para procurar soluciones positivas a los asuntos de sus miembros, sino para fortalecer a las derechas del continente, legitimar golpes de Estado, imponer la agenda de EU en la región, emprender campañas de desestabilización contra gobiernos soberanos y constitucionales y descarrilar procesos democráticos.
Almagro suele hablar en nombre de la democracia, pero tal pretensión contrasta con la orientación de sus palabras y sus actos a alentar y fortalecer el aventurerismo antidemocrático de las derechas continentales, como ha quedado exhibido en el caso boliviano.
En octubre pasado, el gobierno mexicano fue contundente al denunciar en la Asamblea General de la OEA que, durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019, la secretaría general de la organización utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió, proceso que a la postre generó una crisis social en ese país y derivó en el golpe de Estado que obligó a Evo Morales a dimitir para evitar un derramamiento de sangre.
La representación mexicana señaló en esa oportunidad que ese proceder deslegitimó las misiones de observación electoral, generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia y creó un entorno internacional de confrontación.
La Jornada sostiene que más allá de condenar las simas de sumisión a los dictados de Washington que han caracterizado a la gestión de Almagro, es necesario plantearse el cierre definitivo de un organismo que, por su origen y su estructura, resulta intrínsecamente estéril para cualquier propósito distinto de la promoción de los intereses estadunidenses y el golpeteo contra gobiernos soberanos.
Para el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra el gobierno democrático de Luis Arce, buscando el apoyo de algunos países de la región. “Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial”, añadió.
En este sentido, para los países de la región parece urgente tomar distancia de la OEA y apostar por la reactivación de instancias regionales autónomas, sin injerencia de Estados Unidos, como las creadas durante el ciclo de gobiernos progresistas de la década antepasada, como Unasur y Celac.
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