En el banquillo de los acusados

Vestida de negro, nerviosa, con su pelo teñido de rubia artificial, pero sin las ínfulas que le dieron la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas al designarla presidenta de facto de Bolivia en 2019, Jeanine Añez Chávez enfrenta ahora el requerimiento acusatorio del Ministerio Público por delitos calificados como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte.

La también ex senadora fue escogida para el cargo por la cúpula cívico-militar que obligó al legítimo mandatario Evo Morales Ayma a una renuncia forzada, luego de ser hostigado por la derecha interna y el golpe de Estado propiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El calendario marcaba el 10 de noviembre de 2019 y Morales, que prefirió la dejar el cargo a poner en peligro a su pueblo –según sus declaraciones- abandonó la nación andina luego de que la OEA, observadora invitada por las autoridades derrocadas a observar las elecciones presidenciales, determinara que hubo fraude en el conteo de los votos. Con ello arrebató la victoria al líder indígena y lanzó una oleada de acciones terroristas.

Comprobaciones posteriores de carácter internacional demostraron la mentira de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, quien, consideran analistas, también debía comparecer ante la justicia por su rol en la desestabilización de un gobierno legítimo, cumpliendo órdenes de Estados Unidos (EE.UU.).

Añez (1967), quien prometió permanecer en el cargo solo hasta la celebración de nuevos comicios presidenciales, luchó, sin embargo, por su postulación hasta que la baja popularidad hizo que desechara la idea. El ganador en esa lid fue el candidato Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales. Poco después de la proclamación de Arce fue reclamada por los delitos cometidos en sus 11 meses de gobierno de facto.

Aunque hasta ahora solo está siendo acusada de ordenar las masacres de las localidades de Senkata y Sacala, ocurridas poco después de su asunción, sobre la oxigenada rubia que reniega de sus orígenes indígenas, recaen otras acusaciones aun pendientes.

Sobre ella, como jefa de gobierno, recaen al menos 24 casos de corrupción e irregularidades denunciadas por organizaciones políticas, entre ellas el MAS, como la compra irregular de respiradores para combatir la Covid-19, venta de cargos públicos, cobros ilegales y otros que llevaron aparejados un costo político negativo para la antigua parlamentaria.

El pasado viernes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia la proposición acusatoria contra Añez por las masacres de Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba, que dejaron un saldo de 37 muertos y decenas de heridos, todos indígenas que protestaban por el golpe de Estado.

La posibilidad de castigar los delitos cometidos por la mandataria de facto surgió en la comisión especial de la Asamblea Plurinacional de Bolivia que investigó la matanza. Además de Añez, ese órgano sugirió también un proceso penal contra los ex ministros Karen Longaric, de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, de la Presidencia; Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa; Álvaro Coímbra, de Justicia; Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías, y María Pinckert, de Medioambiente y Agua.

De acuerdo con el informe de la Comisión, la ex mandataria deberá responder ante la Justicia por la firma del Decreto Supremo 4078, con el que autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para restablecer el orden público y eximió a los militares de cualquier responsabilidad penal.

En este contexto, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia remitir el requerimiento acusatorio al conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la respectiva autorización de juzgamiento.

Asimismo, otro informe, elaborado  por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) confirma que 11 derechos fundamentales fueron violados en 2019, varios de ellos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, refirió que durante el régimen derechista de Añez “ se vulneraron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, los derechos de reunión y libertad de asociación; a la no discriminación, el de toda mujer a una vida libre de violencia; a la salud; a la propiedad y al trabajo¨.

En esa etapa dictatorial de la mandataria, el GIEI-Bolivia también determinó que, en algunos casos, en las operaciones conjuntas de policías y Fuerzas Armadas hubo ejecuciones extrajudiciales y transgresiones a la integridad personal en casos de tortura, malos tratos y abusos en detenciones, prisiones y comisarías¨.

El organismo trabajó con unas 100 000 hojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales revisados y más de 360 entrevistas individuales. También sostuvo reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas y de sus familiares, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Cuando asumieron el gobierno el pasado año, el presidente Arce (ex ministro de Economía) y su vice David Choquehuanca (ex canciller) en el mandato de Morales, encontraron una nación en caída dado el saqueo de Añez y su equipo.

En octubre del 2020, uno de cada tres bolivianos no tenía comida, seis de cada 10 sobrevivían en el comercio informal expuestos a la pandemia de la covid-19, 200 000 trabajadores fueron cesados en el sector de la construcción a pesar de que Morales había dejado el presupuesto para ejecución de nuevas obras.

Añez nunca fue aceptada por el pueblo boliviano. A pesar de la fuerza de la derecha local, localizada en buena parte en las provincias del Sur, la presidenta asumió con un 16,5%. La cifra descendió a un 10,4% en septiembre del pasado año, por lo que decidió alejarse de las urnas.

Para tratar de salvarse del proceso, en el que seguramente se hará justicia para las víctimas de su gestión, ella ha tratado de crear un aura de inocencia que pocos creen en la nación del Altiplano.

Además de sus delitos, esta figura casi desconocida que supo aprovechar la coyuntura política propiciada por los enemigos del socialismo, es criticada por su odio contra los pueblos originarios.

En Bolivia viven 34 poblaciones autóctonas con 4,2 millones de personas que fueron dignificadas tras la asunción del ex líder sindicalista cocalero Morales.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que la población indígena más grande de América Latina radica en Bolivia, o sea, más del 60% de la existente en la región. Se encuentran, según esa fuente, en los departamentos de La Paz, donde radica la capital del país, en el oeste, Cochabamba, en el centro, Oruro, centro-oeste, Chuquisaca, sureste y Potosí, en el sur. O sea, cubren casi por completo la geografía nacional.

La población estimada de Bolivia es de un poco más de 11 millones de personas. O sea, más de la tercera parte es autóctona, amén de los mestizos.

Por la pobreza en que vivía este importantísimo sector poblacional, la falta de oportunidades, el racismo y la crítica social de una minoría blanca es que Áñez siempre disimuló sus facciones: frente y pómulos pronunciados, nariz semiaguileña, labios finos y gruesos cabellos, teñidos de un rubio que cubren la negrura natural.

¨Su apellido inicial fue Añas, que en quechua significa zorrino, pero sus ancestros lo castellanizaron para evitar y/o mitigar la discriminación racial cotidiana y así intentar legarle ciudadanía, comentó el analista Ollanta  Itzamnáu, abogado, investigador y antropólogo quechua.

Para Itzamnáu, ¨ Los diferentes mensajes racistas y fundamentalistas posteados en sus redes sociales contra los pueblos indígenas, la orden dada de masacrar a más de 30 aymaras y quechuas en cuestión de horas, indica que Añez es una mujer racista deshabitada¨.

La detenida acude ahora a la humanidad de la justicia, aunque ella no tuvo piedad con quienes exigían el retorno de Morales.

Desde el pasado 11 de marzo cuando ingresó a la cárcel, ha pedido pasar a una clínica privada para tratarse la hipertensión, un privilegio negado por las autoridades porque, aseguran, el recinto posee los medios para su tratamiento.

Tras su detención, declaró que se le acusaba de participar en un golpe de estado que, dijo, nunca ocurrió, lo cual es desmentido por organismos bolivianos e internacionales.

Dirigió cartas, sin resultados, a la OEA y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que analicen de manera objetiva su arresto. Misivas inútiles.

El pasado sábado, en un gesto desesperado, Añez se autolesionó en la cárcel buscando un traslado hospitalario.

El ministro de gobierno Eduardo del Castillo informó que la ex dignataria de facto se causó en la madrugada ¨pequeños rasguños en un brazo, pero no hay nada de qué preocuparse¨, en lo que observadores entienden como una nueva escaramuza alejarse del Centro Penitenciario de Miraflores.

Por mucho que intente alejarse de la justicia, Añez debía estar convencida a estas alturas de que nada la salvará de un juicio justo en el que deberá responder por la vida de 37 seres humanos que solo defendían su legítimo derecho de preservar un sistema político inclusivo, luego de siglos de esclavitud.

Con Arce como presidente, los pueblos originarios confían en que dará continuidad al sistema social implantado por Morales y que gente como Añez no pisarán de nuevo el Palacio Quemado.