Hondureños insurrectos

Este 28 de junio se cumplen diez años del golpe de Estado militar contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya. Una década de retroceso para la ciudadanía que exige la renuncia de actual mandatario Juan Orlando Hernández, en medio de una batalla para evitar la privatización de la salud y la educación.

Hernández, conocido como JOH, está relacionado con presuntos delitos de corrupción. Tercer mandatario luego de la traición de los militares pagados por Estados Unidos (EE. UU.) bajo el gobierno de exmandatario Barak Obama, se robó la presidencia con fraudes electorales cometidos en 2014 y 2017, este último contra Salvador Nasralla, denunciado incluso por la nada sospechosa secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El estallido social en los 18 departamentos del país comenzó ahora ante la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de otros 11 millones de dólares para, según se menciona en el acuerdo, “fortalecer la estabilidad macroeconómica”, principalmente por el “desastre financiero” de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE).

La agencia periodística Sputnik consultó al economista y exsecretario de Finanzas hondureño Noé Pino, quien destacó que el FMI es culpable del proceso de la ENEE ya que en los dos últimos acuerdos con el gobierno hablaron de mejorar la firma, pero en ningún momento en sus evaluaciones, precisó, dijeron que iba en caída.

El experto se refirió al actual clima de tensión que vive la nación. La situación empeoró a fines de abril pasado con la llegada al Congreso Nacional de dos decretos presidenciales para reestructurar la Secretaría de Salud y la de Educación.

Pino explicó a Sputnik que el decreto autoriza despidos generales injustificados en la reestructuración de ambos sectores claves del Estado.

“Esto tiene su origen en una política de Gobierno, reflejada en una ley anterior en el campo de la salud, la ley marco de protección social, que es la búsqueda de privatización de los servicios de salud; buscando que la secretaría quede como un ente regulador y traspasar el servicio a ONG o al sector privado”, sostuvo el economista.

Honduras sobrevive con altos niveles de descontento público debido a las dificultades para cubrir el costo de vida, los altos niveles de desempleo y subempleo, que tocan al 60 % de la población en condiciones precarias.

Más de 60 000 personas están en las calles de las principales ciudades del país —profesores, alumnos, médicos y otro personal de la salud pública— para mostrar su inconformidad con la legislación presidencial.

El sociólogo Eugenio Sosa cree que el país está diluido en un proceso de aplicación de un sistema desigual, que es producto de la apuesta neoliberal. “Y es que el Estado no tiene otra salida porque de romper con el FMI, el apoyo internacional que incluso respalda un gobierno ilegítimo se pierde de inmediato”.

La respuesta a las protestas callejeras pacificas es la represión militar y la toma de la Universidad Autónoma de Honduras, donde literalmente cazaron a los estudiantes, y propiciaron heridas de bala a tres de ellos, golpeaduras y detenciones. Hasta ahora el saldo de los incidentes es de tres fallecidos y decenas de heridos.

Hernández es considerado el culpable de la actual situación en el país, donde en lugar de uno se produjeron tres golpes de Estado: el realizado contra Zelaya, líder del Partido Liberal y Refundación (LIBRE), el segundo contra su esposa Xiomara, quien se presentó a la presidencia en 2013 y perdió debido a la manipulación de los votos del oficialismo, y de nuevo en 2017 contra Nasralla.

En aquellos momentos la oposición, organizaciones civiles y observadores internacionales cuestionaron la legitimidad de los comicios por fraudes reportados durante la votación. Esos medios políticos ya habían advertido del robo de la presidencia, ya que Hernández obligó a un cambio en el articulado de la Constitución Nacional que prohíbe la reelección, además de las alteraciones en las boletas.

CON ZELAYA COMENZÓ LA RECONVERSIÓN  DERECHISTA

Con las acciones dirigidas contra el gobierno popular en 2009 comenzó la llamada reconversión de gobiernos progresistas de América Latina a otros de derecha aliados de Washington. Al golpe de Estado en Honduras siguió el parlamentario realizado contra el exsacerdote Fernando Lugo en Paraguay, y después Dilma Rousseff en Brasil, con iguales actores políticos.

A una década de la toma del poder en Honduras por 200 militares que trasladaron al presidente a una base militar estadounidense y después a Costa Rica, el pueblo de esa nación centroamericana (que nunca apoyó el golpe y se mantuvo semanas en las calles), sigue en pie de lucha.

De haberse mantenido Zelaya, un terrateniente que se unió al progresismo latente en América Latina, quizás Honduras mostrara una cara más amable. El expresidente cometió el delito de unirse a dos organizaciones integracionistas, PetroCaribe y la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).

Lo que más impulsó a Estados Unidos y sus lacayos a sacarlo del gobierno fue que el mandatario quiso colocar una urna extra en las elecciones para la instauración de una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta Magna con novedosos cambios estructurales para el país. Demasiado progresismo que fue cortado de raíz.

Las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su sede en San Pedro Sula, así como otros centros educativos están tomados por los alumnos, en tanto, en un gesto sin precedentes, policías fuertemente armados irrumpieron en los lugares dejando un saldo de cinco alumnos heridos.

Los estudiantes dijeron a reporteros que temen por nuevas entradas de los castrenses, que incluso detuvieron a dos alumnos de la enseñanza primaria en Tegucigalpa, la capital, sin que se conozca hasta ahora su paradero.

El estudiante de periodismo Kevin Contreras relató a la agencia de noticias Prensa Latina que “la movilización de este martes culminó, de nuevo, con balas, gas lacrimógeno y golpes contra el estudiantado”.

Contreras confirmó que el Movimiento Estudiantil Universitario mantendrá movilizaciones en respaldo a sus compañeros hospitalizados y hasta que el presidente Hernández suspenda la orden de pasar al sector privado la educación y la salud pública.

La Plataforma de Salud y Educación, el Colegio Médico y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Olancho convocaron a sus afiliados a mantener las acciones contra la venta de hospitales y escuelas.

Considerado uno de los países más pobres de Centroamérica, emisor de miles de emigrantes cada año, ahora Hernández quiere imponer en grande el neoliberalismo con métodos chocantes para una población que conoce que allí la vida no tiene valor alguno para las autoridades.

Los hondureños integraron las grandes caravanas que partieron de su país, Guatemala y El Salvador el pasado año. Prefieren exponerse a extorsiones, secuestros y asesinatos en el camino para acercarse, paradójicamente, a las fronteras estadounidense, donde se gestan sus desgracias.

Honduras, el país con mayor desigualdad en América Latina, es uno de los principales productores de banano, café y palma africana en Centroamérica. Aunque el desempleo es del 7,4 %, el subempleo afecta aún 60 % de la masa económicamente activa.

La corrupción y el delito y la inmunidad de las élites son típicos de este país de más de nueve millones de habitantes. Antonio Hernández, exdiputado y hermano del mandatario, fue acusado en territorio norteamericano de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, pero no ha sido condenado.

Fiscales de EE. UU. alegaron que ese individuo es un narcotraficante importante en Centroamérica, lo que, dijeron, es otra evidencia de que los miembros de la élite política del país tienen un papel activo en el negocio de la droga.