¿Irán o no a juicio ex presidentes mexicanos?

México realiza este domingo una inédita consulta popular en la que la población decidirá si serán juzgados cinco exjefes de gobierno indicados como corruptos antes, durante y después de su gestión, un ejercicio democrático impulsado por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hoy disfruta del 57 % de apoyo popular.

Este primer día de agosto puede constituir un precedente a imitar por otras naciones latinoamericanos en las que —como Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia— los actuales y anteriores dignatarios son señalados por sus pueblos por participar en acciones delictivas, entre ellas fraude electoral, lavado de dinero, sobornos, y robo a los fondos del Estado.

El atípico referendo está organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), a solicitud de AMLO y organizaciones políticas y de la sociedad civil. El reto del partido oficialista Morena y los otros solicitantes es lograr una participación a favor del proceso judicial del 40 % o de los convocados, o sea, 36 millones de votantes para que sea vinculante.

Algunos observadores consideran esa cifra una hazaña, debido a la pandemia de la COVID-19 que azota al antiguo país de los aztecas y contagió hasta días recientes a 2 790 874 personas, de las cuales 239 616 habían fallecido.

A la ciudadanía se le preguntará si está de acuerdo con la posibilidad de abrir procesos penales contra gobernantes del pasado. De un resultado positivo derivaría una Comisión de la Verdad integrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Esta Comisión investigaría y juzgaría los delitos de los expresidentes desde 1988: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La oposición al gobierno democrático de AMLO, quien siempre defendió las consultas al pueblo como método de su política, considera que se trata de un ejercicio caro, inútil y sinsentido, ya que el votante solo responderá Sí o No en la boleta que no hace referencia a juicios ni a los exmandatarios.

Gracias a un pacto de impunidad no escrito de la política mexicana, que forma parte de la corrupción estatal vigente hasta ahora, nunca fue procesado algún ocupante del más alto cargo del Estado, aun cuando se han denunciado los actos delictivos cometidos.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aunque avaló la realización del referendo no redactó una pregunta concreta, sino que elaboró una frase larga, confusa y poco entendible, que levantó críticas hasta el último momento, pero los defensores del referendo advirtieron que bastaba con responder Sí o No.

En un evidente interés de confundir a la población, la SCJ preguntó: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

A pesar de la complejidad del texto, a nivel popular los mexicanos entendieron muy bien el mensaje del partido oficialista Morena de no dejarse confundir y que lo que está en juego es hacer justicia, pues los delitos cometidos son variados y todos perjudican a la ciudadanía.

Molesto por la actitud del INE, el presidente AMLO aseguró “parece que están en contra, pues deberían estar difundiendo la consulta y promover la democracia”, ya que, según activistas del Sí, minimizó la importancia de la acción, desanimó la participación y ni siquiera la publicitó, al igual que la prensa opositora que ignora que este domingo es un día histórico para México.

Los promotores de la consulta iniciaron el pasado mes una campaña de convocatoria a la ciudadanía, organizaron mítines, marchas, desfiles y performances en las calles y promovieron la acción en las redes sociales.

A la consulta de manera sorpresiva se adhirió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mediante un comunicado de su jefe, el subcomandante Moisés, quien pidió al pueblo votar por el Sí.

Moisés precisó en su nota que “Quienes allá arriba, en los partidos de oposición, se resisten a las urnas; no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”.

Una encuesta publicada esta semana por el diario El Financiero confirma que el 77 % de la población apoya una investigación contra los exmandatarios, pero, según esa fuente, solo el 31 % tiene la intención de votar por temor a ser contagiados por la COVID-19.

¿QUÉ DELITOS COMETIERON LOS EXPRESIDENTES?

El presidente AMLO, organizaciones políticas y ciudadanos mexicanos demandan enjuiciar a cinco exmandatarios federales que gobernaron desde 1992 hasta el 2018. O sea, 30 años bajo el sistema neoliberal. Los cargos, publicados por los medios nacionales, son los siguientes:

- Carlos Salinas de Gortari (1988-1994, Partido Revolucionario Institucional PRI)

AMLO acusó a Salinas de Gortari de entregar durante su mandato todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, cometer fraude electoral en 1988, cuando sin causas aparentes el sistema de conteo de votos colapsó durante horas, y de inmediato fue declarado ganador.

También debía ser enjuiciado por el aumento de la pobreza en el sexenio que gobernó.

- Ernesto Zedillo (1994-2000, Partido Revolucionario Institucional PRI)

Según López Obrador, Zedillo debe ser juzgado porque con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, ascendente a un monto de 552 000 millones de pesos (mn). También por la privatización de bienes nacionales, como los Ferrocarriles.

Las personas y entidades políticas que promueven la consulta señalan que el exdignatario cometió crímenes de lesa humanidad al ordenar la matanza de 45 indígenas de la etnia Tzotzil, pertenecientes a comunidad de Acteal, que murieron en 1997. También por la masacre de Aguas Blancas, en 1995, con saldo de 17 campesinos fallecidos y 14 heridos, y la de El Charco, en 1998, que costó la vida de otros 11 indígenas.

- Vicente Fox (2000-2006, Partido Acción Nacional PAN)

El expresidente Vicente Fox es acusado de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales, presuntamente cometidas en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

También se le indica por intervenir a su favor en el proceso electoral de 2006.

- Felipe Calderón (2006-2012 Partido Acción Nacional PAN)

Felipe Calderón, según los hechos, debería ser juzgado por su estrategia militar para combatir la inseguridad, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas.

No hizo nada, dicen sus acusadores, ante los señalamientos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es acusado en Estados Unidos de ser cómplice de grupos dedicados al narcotráfico.

Quienes apoyan y promueven la consulta, demandan además que Calderón sea enjuiciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en su sexenio, por ser el principal responsable de la política pública de la “guerra” contra el narcotráfico.

En 2019, Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas en 2007.

-Enrique Peña Nieto (2012-2018, Partido Revolucionario Institucional Pri)

El último de la lista es Enrique Peña Nieto y se le señala como corrupto. De acuerdo con el presidente López Obrador, en su campaña presidencial hubo aportes de grandes cantidades de dinero de procedencia irregular, sin consecuencias legales o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección.

Recientes denuncias del exdirector de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, también señalan que parte del dinero provino de sobornos anticipados de la consultora brasileña Odebrecht.

Organizaciones como el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) insisten en que Peña Nieto debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres en Atenco —derivado de un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Federal en 2006—; Tlatlaya —22 civiles ejecutados presuntamente por militares— y Tanhuato, con 42 civiles muertos durante un supuesto enfrentamiento entre elementos de la policía federal y presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA CONSULTA POPULAR?

Autoridades del INE informaron que funciona bien el operativo de organización para efectuar la consulta popular de este domingo, cuyas tendencias más relevantes se conocerán en horas de esta noche.

La presidencia del Instituto refirió en nota oficial que en los 300 distritos electorales se instalarán más de 57 000 mesas receptoras, con una capacidad de atención de hasta 2000 personas en cada una.

El ente rector electoral desplegó 9630 instructores-asistentes, quienes visitaron, reclutaron y capacitaron a más de 285 000 personas para las mesas receptoras. Unos 24 000 observadores ciudadanos debidamente acreditados vigilarán la jornada.

La suerte está echada para los cinco ex mandatarios mexicanos. Ahora le toca al pueblo la última palabra.