Lawfare: La corrupción en la justicia argentina avanza a lo más alto

Por: Juan Guahán y Rubén Armendáriz*

Las evidencias de participación en operativos y maniobras, con participación de organismos de seguridad para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión, sobornos y otros delitos que violan normas jurídicas, demuestran la corrupción en la justicia argentina, que prácticamente han hecho desaparecer el estado de derecho, siguiendo -ahora- los lineamientos del gobierno de Mauricio Macri.

Los temas sobre corrupción que inundan los despachos de los tribunales federales argentinos con sede en la Capital Federal, ahora se han extendido a su semejante de Dolores (Provincia de Buenos Aires). Más allá que la Justicia no debe tener color partidario, es público y notorio que la Justicia Federal asentada en territorio capitalino está más cerca del actual gobierno y que el Juez Federal de Dolores tiene simpatías por el cristinismo.

Estamos llegando a los puntos más altos de una disputa judicial. Diversas causas, los “Cuadernos…” (de la supuesta corrupción durante los gobiernos kirchneristas, caballito de la campaña electoral por la reelección de Macri) entre ellas, trajeron a la Justicia el pasado kirchnerista y le dieron –al gobierno- apoyo para sus campañas contra aquella corrupción.

Era obvio que los kirchneristas no se iban a quedar quietos y además de cuestionar las políticas económicas del gobierno y sus nefastos efectos sobre la población le dedicarían tiempo y esfuerzos para amortiguar o anular los efectos de aquella campaña judicial propiciada por el macrismo.

En ese camino vino la causa contra el Fiscal Carlos Stornelli, quien lleva adelante el tema de los “Cuadernos…” y otras denuncias sobre el pasado kirchnerista. Parece que la Justicia Federal de Dolores encontró pruebas suficientes que le permiten llamar a indagatoria a dicho Fiscal. Eso ocurriría el próximo 7 de marzo.

No cabe duda que los intereses del gobierno apuntan a que ese expediente termine en Comodoro Py y se están moviendo en esa dirección. No sea cosa que el Juez de Dolores ordene el procesamiento con detención del “fiscal justiciero”.

Jueces y abogados que defienden a funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales y sociales, detenidos ilegalmente, denunciaron la gravedad que se vive a raíz de las revelaciones que surgen de la documentación incautada al agente de inteligencia y falso abogado Marcelo D’Alessio, en la que se advierte un accionar “mafioso” que “denigra a la justicia e involucra a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas de medios como el Grupo Clarín”, ligados al gobierno.

Las evidencias muestran la participación en “operativos y maniobras”, para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión y otros delitos que violan normas jurídicas y “han hecho desaparecer el estado de derecho” bajo los lineamientos del gobierno actual.

Todo al estilo de juez brasileño Sergio Moro, el del Lava Jato, que con el apoyo de los servicios de inteligencia y la corrupción judicial logró la presión del expresidente Lula da Silva y su exclusión de la contienda electoral, para ser premiado con el ministerio de Justicia por el presidente ultraconservador Jair Bolsonaro.

Además, denunciaron las amenazas y “control” mediante el uso de informes de inteligencia, que comprometen a “asesores” y personal de la DEA y otras agencias estadunidenses e israelíes en maniobras delictivas, de las que surge la forma en que presionaron a diversas personas y las obligaron a mentir.

El juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien tomó esta difícil causa de la extorsión a un empresario por parte del fiscal Carlos Stornelli, recabó mucha información, que enloda a la justicia ligada al gobierno de Macri en acciones que son comparadas con la forma en que se actuaba durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

Por el otro lado siguen avanzando las causas contra los kirchneristas y en mayo comenzaría el gran show de los juicios plenarios a la ex Presidenta. Allí asistiremos a brillantes alegatos de Cristina Fernández de Kirchner, aseguran que serán al estilo del “Yo Acuso” de Émile Zola, en el “caso Dreyfus”, la famosa defensa de un oficial judío acusado de traición (Francia, 1898).

Los propios festejarán ese alegato, seguramente brillante, como una nueva prueba de la capacidad de su jefa. Los opositores se regocijarán al verla sentada en el banquillo de los acusados. Asistiremos a un discurso chispeante versus una imagen que durará varios días donde desfilarán decenas de testigos colocando sobre la mesa las podredumbres del poder. Es difícil adelantarse a los resultados prácticos, léase impacto electoral, de esa contradictoria situación.

Este avance de las causas no excluye que tiempo después, por la vía de algunas nulidades o el retorno a la inacción judicial u otros mecanismos, estas causas vuelvan a fojas cero y el mundo siga andando…

Para terminar, es bueno recordar que esas contradicciones entre discursos y realidades no son nuevas, se actualizan y crecen cada vez que ingresamos en las campañas electorales. La apertura de un nuevo período legislativo, por parte del presidente Mauricio Macri, el viernes pasado, fue una muestra de ello.

Con una inusual vehemencia, con un discurso vibrante -que muy posiblemente emocionó a sus adherentes más fieles- no tuvo empacho en leer un texto tan ajeno a cuestiones sustanciales de la realidad que cabía preguntarse: ¿de qué país hablaba…?

El caso de AMIA

A casi 25 años del atentado a la AMIA, el Tribunal Oral Federal número 2 consideró probado el pago de sobornos para desviar la investigación judicial y así impedir el esclarecimiento del ataque terrorista más tremendo que sufrió el país contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

El fallo, que consideró el encubrimiento de la voladura a la sede central de la mutual judía como una “grave violación a los derechos humanos”, impuso condenas leves a quien tuvo en sus manos el caso durante casi la primera década, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

También condenó al ex secretario de Inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, y a su número dos, Carlos Anchezar, pero absolvió al ex presidente y al al ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina (DAIA) Rubén Beraja.

La absolución de Beraja, quien participó en el pago que hizo el juez Galeano a Telleldín de 400 mil dólares para que inculpara a policías de la provincia de Buenos Aires del atentado desviando la causa, y el ex comisario Jorge Fino Palacio, vinculado al presidente Mauricio Macri, para quien trabajó cuando éste estaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llamaron la atención de la prensa y del ciudadano común.

  Los cargos que explicaron las condenas no hacen referencia a la interrupción de la investigación sobre la llamada “pista siria” en el esclarecimiento del atentado, que ponía el foco en Alberto Kanoore Edul, un ciudadano proveniente de familia de origen sirio con vínculos aceitados con Menem y su clan.

Galeano llegó a ordenar allanamientos y escuchas en la casa y las líneas telefónicas de esta persona, medidas de prueba que fueron adulteradas y desaparecidas luego de una reunión entre Kanoore Edul padre y Munir Menem, por entonces secretario de Presidencia.

Tal vez la ausencia en el fallo de toda referencia a esta pata del encubrimiento explique la absolución del ex presidente, uno de los puntos de la sentencia que hizo más ruido. Cabe recordar que todo el establishment negó el encubrimiento; donde las embajadas de EU (Estados Unidos) e Israel clamaban para que se dejara de investigar la forma en la que se plantaron las pistas falsas, como denunció WikiLeaks.

Con el protagonismo de Memoria Activa y gestos decisivos de Néstor y Cristina Kirchner, que permitieron la apertura de archivos y la declaración de los agentes de inteligencia, se llegó a este juicio. Y quedó certificado que el encubrimiento existió del poder fáctico, magistrados, políticos y diplomáticos estadounidenses e israelíes, que los familiares tuvieron razón.

Nada de lo ocurrido oculta el hecho de que a 25 años del atentado sabemos poco y nada de cómo se hizo el ataque y quién lo perpetró. El propio juez de la causa admite que en el expediente hay informes de inteligencia de interesados internacionales, pero no pruebas judiciales valederas.

Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman buscaron un camino distinto al consentido por los poderes del mundo. El Memorándum con Irán buscó una forma de dar algún paso hacia adelante, aunque fuera módico, en la causa judicial. Fue el único intento. Desde entonces no se buscó ni encontró ninguna alternativa.

*Guahán es analista político y dirigente social argentino. Armendáriz, periodista y polítólogo,ambos asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)