Al menos dos aspectos violentos argumentaron la reciente designación de un nuevo equipo de gobierno en Mali: la persistencia de ataques terroristas y la letal fricción entre comunidades.

El presidente, Ibrahim Boubacar Keita, nombró primer ministro al extitular de Finanzas, Boubou Cisse, con el objetivo de, entre otros aspectos, asegurar el desempeño de las instituciones de derecho e intensificar las acciones para reforzar la seguridad nacional y subregional.

Lo anterior se engarza tanto con el interés de Boubacar Keita de fortalecer el orden interno, significativamente afectado en la región central, como con su compromiso estratégico con el resto de los países de la zona, integrados en un mecanismo cívico-militar de cooperación, el G5-Sahel.

Con ese grupo de cinco Estados (Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger), las autoridades de Bamako se proponen —de ser totalmente efectivo— frenar las agresiones de grupos extremista de perfil confesional, como es el caso de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Convergen con los propósitos terroristas de esa formación las “katibas” —comandos o destacamentos— de Ansar Dine (Defensores de la Fe), Mujao (Movimiento para la Unicidad y la Jihad en África Occidental) y el llamado Frente de Liberación de Macina; todos operaron contra el ejército maliense y las tropas del G5-Sahel.

Medios de prensa sahelianos también citan al Emirato del Gran Sáhara y Al Mourabitoun como integrantes del cártel fundamentalista, en el cual destaca una novel organización conocedora del teatro de operaciones y de la guerra de guerrillas: el Frente de Apoyo al Islam y los Musulmanes.

En la segunda mitad del mes de abril, el ejército de Mali sufrió una decena de bajas por un ataque perpetrado el día 21contra una base militar en Guiré, en el centro del país. No obstante, el instituto armado indicó que causó 15 muertos a los asaltantes.

Otro ángulo del tema de la inseguridad es la fragilidad manifiesta en la convivencia ciudadana, debido a los reiterados choques entre comunidades, los cuales causaron centenares de víctimas fatales en los tres primeros meses del año.

En marzo pasado se confirmó la muerte de unas 160 personas de la comunidad peul, en ataques de supuestos dozos, cazadores tradicionales de la etnia dogón. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Ogossagou, también en el centro del país, cerca de la frontera con Burkina Faso, y muchas de las víctimas fueron ancianos, mujeres y niños.

Eso fue parte de la espiral de violencia intercomunitaria sufrida por Mali. Tres días después, en represalia por la masacre, seis civiles dogones perecieron en dos ataques perpetrados presuntamente por individuos de la comunidad peul.

Sin embargo, tal escalada es solo parte de una contienda de baja intensidad que no aparece en los titulares de los grandes órganos de difusión, aunque en África sí se reconozca que desangra a varios Estados del Sahel, principalmente a Níger, Burkina Faso y Mali.

Según agencias humanitarias, en territorio maliense murieron durante el primer trimestre del año 440 civiles y 150 militares por enfrentamientos entre comunidades y ataques de grupos extremistas, la violencia arruina más al escenario, también afectado por la miseria y otras carencias de índole humanitaria.

Conforme con datos de The Armed Conflict Location&Event Data (Acled), en los últimos cinco meses se asesinó a 4776 (cuatro mil setecientos setenta y seis) ciudadanos en el Sahel, cerca de la mitad civiles, y lo que fue un 46 % superior a igual periodo de 2018, como palpable evidencia del deterioro subregional en términos de seguridad.

Reducir las tensiones es una necesidad urgente para Mali, de ahí la intención de Boubacar Keita de desarrollar un diálogo nacional con las fuerzas políticas, además de reforzar la presencia castrense y la ayuda económica en la zona central.

Nuevo Gabinete

El equipo —en formación—, encabezado por Boubou Cisse, sucedió al de Soumeylou Boubèye Maïga, quien comandaba al ejecutivo desde 2017, y sobre quien recaen críticas emitidas en el Parlamento, y por las que un grupo de diputados promovió una moción de censura en su contra.

La guerra contra Libia desatada por miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliados árabes, en la cual asesinaron al líder Muamar el Gadafi, repercutió en el vecino Mali. En su región norteña en 2012 hubo una revuelta armada de la comunidad tuareg contra el gobierno de Amadou Toumani Touré.

Esa insurrección separatista fue protagonizada por el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA); los insurgentes demandaban la secesión del norte del país y de territorios de Estados fronterizos, donde afirman que se halla la cuna de su pueblo.

En la práctica, la insurgencia tuareg la “secuestraron” grupos extremistas de corte islámico, quienes le cambiaron su contenido mediante injustificables agresiones contra residentes y la destrucción del rico patrimonio cultural que por siglos preservó la memoria histórica maliense.

El ejército, que debió enfrentar esa contienda, dio un golpe de Estado a Toumani Touré, cuyos sucesores inmediatos tampoco pudieron detener el avance de los grupos armados, identificados como integristas —por el modo de aplicar su ideología confesional— y terroristas —por sus acciones bélicas.

La operación militar conjunta francoafricana Serval, realizada de enero de 2013 a julio de 2014, dispersó a esas formaciones fundamentalistas; sus integrantes marcharon a áreas semidesérticas donde es difícil contactarlos y erradicarlos, pero en alguna medida esa acción conjunta posibilitó mejorar el ambiente político nacional.

Durante el período siguiente, Mali avanzó en la construcción institucional, en 2018 hubo elecciones, ganadas por Ibrahim Boubacar Keita, pero la inseguridad aún golpea, pese a las gestiones gubernamentales, la cooperación del G5-Sahel, el respaldo de la operación gala Barkhane y el apoyo moral de la Unión Africana.

La tarea inmediata es sin dudas consolidar la estabilidad amenazada, lo cual le tocará cumplir al nuevo gabinete de Boubou Cisse.