Necropolítica de Bolsonaro

Rodeado por cementerios improvisados con más de 400 000 fallecidos por la COVID-19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrente esta semana a las investigaciones del Congreso Nacional sobre las negligencias de su gobierno ante la pandemia, mientras el Parlamento Europeo lo acusa de genocida.

Bolsonaro, religioso fundamentalista, quien llegó al Palacio de Planalto tras una manipulación judicial contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para impedir su candidatura en 2018, se ganó el adjetivo de criminal —ya le llamaban payaso, imitador, mal carácter, ladrón, entre otros— niega en público la gravedad del nuevo coronavirus que diezma al sector más humilde de su pueblo, y no hizo negocios para adquirir la vacuna en Rusia por razones políticas e ideológicas. Así de bruto es este personaje.

El pasado día 27, el Parlamento brasileño —donde el mandatario tiene mayoría— instaló la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigará las acciones del gobierno federal y el uso de fondos en la gestión de la pandemia, cuyo gasto no justifica.

La solicitud de indagación fue presentada al Supremo Tribunal Federal, que le dio continuidad, por los congresistas Jorge Kajuru y Alessandro Vieira. La CPI tiene 31 firmas, cuatro por encima del mínimo requerido para instalarse.

El presidente de más de 200 000 000 de ciudadanos distribuidos en más de 8,5 millones de km² de extensión, busca ahora salvar su piel ante un listado de 23 puntos críticos en su gestión, a las cuales deberá dar respuesta.

De inmediato trazó una estrategia para neutralizar a la CPI con el respaldo de legisladores derechistas e informes de los ministerios para tratar de dar respuesta al organismo investigador, que no pudo sortear, como hasta ahora, las solicitudes contra el quehacer errático de este fanático evangelista.

Desde enero último, la Fiscalía investiga el desempeño del otrora ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, por sospechosas omisiones creadas en el Estado Amazonas (noroeste) ante la falta de cilindros de oxígeno para atender a los enfermos.

Solo gracias a la ayuda solidaria de la vecina Venezuela, que envió miles de cilindros gratuitos a Amazonas y otros territorios fronterizos, pudo salvarse la vida de un alto número de contagiados, ya que el sistema sanitario local había colapsado.

BRASIL Y EUROPA SE UNEN EN LAS CRÍTICAS

Son once los miembros de la CPI integrada por legisladores opositores o no alineados a las políticas públicas del mandatario, y cuatro oficialistas.

El sitio oficial del Senado indicó que la Comisión entrevistará esta semana a cuatro exministros de salud que abandonaron sus cargos en desacuerdo con la política sanitaria de Bolsonaro, quien, entre otras barbaridades, incitó a la población —a la que faltó el respeto por temer a la enfermedad— a no usar mascarilla, curarse con sustancias no aceptadas por el Colegio Médico, entre ellas la cloroquina.

Brasil, un país que dispone de recursos económicos suficientes para comprar no solo el inmunizador sino los equipos suplementarios para atender a los enfermos, tiene quebrado el sistema nacional de salud debido a la mala gestión del excapitán del Ejército local.

Cuando ocupó la primera magistratura, este político que mantuviera durante 28 años consecutivos un escaño en la Cámara de Diputados sin propuestas concretas, desmanteló el programa Más médicos, implantada por la expresidente Dilma Rousseff a través de la Organización Panamericana de la Salud y puesto en práctica por galenos de distintos países.

Mientras, en el Parlamento Europeo, el jefe de gobierno es acusado de mala gestión ante lo que algunas voces consideran una matanza autorizada de los bolsones poblacionales más vulnerables, entre ellos el indígena.

El eurodiputado Miguel Urbán Crespo consideró que, en lugar de declararle la guerra a la COVID-19, “Bolsonaro actúa contra la ciencia y la vida. Su actitud es criminal al convertir a Brasil en el epicentro mundial de la pandemia”. Así, dijo, “se lo hemos comunicado a la Comisión Europea y al embajador brasileño”.

Durante una reciente reunión de los parlamentarios europeos, la diputada alemana del Partido Verde, Anna Cavazzini, también vicepresidenta del grupo de esa instancia para asuntos relacionados con Brasil, señaló que la situación en ese país “es una tragedia, que podría haberse evitado si no fuera por decisiones políticas equivocadas”.

Cavazzini también cuestionó la falta de políticas de salud para la población indígena y el mal uso del dinero asignado por la Unión Europea a Brasil, informó Prensa Latina.

“La COVID-19 se convirtió en una crisis social, con personas que se acuestan con hambre”, estimó.

Para esta política europea, “si Bolsonaro niega la crisis y pone medidas que impiden actuar contra la pandemia, ¿a dónde va el dinero enviado?”.

Ana Dagorret, articulista de Resumen Latinoamericano, indicó que en los hogares brasileños hay hambre, según determinó la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Rede Penssan).

Según Dagorret, basada en cifras de la institución, luego de 13 años de reducción de los índices de hambre, los números volvieron a dispararse a partir de 2018 y hoy más de la mitad de la población del país no se alimenta adecuadamente.

Ello significa que el número de hogares con restricciones alimentarias, precisó, pasó de 36,7 % en 2018 a un 55,2 % en 2020, lo que significa que cerca de 117 000 000 de ciudadanos no tienen acceso pleno y permanente a alimentos.

A su vez, la misma pesquisa de Penssan señala que hoy existen 19,1 millones de brasileños que pasan hambre, lo que representa un grave cuadro de inseguridad alimentaria.

La situación en Brasil es insostenible, y si el mandatario no es sometido a una impugnación, solicitada por más de 100 organizaciones, grupos y personalidades, es porque su base de apoyo en el Congreso Nacional es muy superior a la de los opositores, e impiden el normal desarrollo del proceso.

Siempre en una postura autoritaria para, supone, atemorizar a quienes desean el retorno a una democracia inclusiva, como las de Lula y Rousseff, el presidente que imita en su tono de desfachatez a su excolega Donald Trump, amenazó con sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para garantizar que las medidas restrictivas ordenadas por los gobernadores —que ante su indolencia actuaron por su cuenta para salvar vidas— promuevan lo que calificó de “caos”, sin explicar el porqué de ese calificativo que a él corresponde.

“Si tuviéramos problemas, tenemos un plan de cómo entrar al campo (…). Soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Nuestro Ejército, nuestra Policía. Si es necesario, iremos a la calle”, afirmó en una entrevista a televisoras locales.

Bolsonaro criticó nuevamente a los líderes estaduales que tratan de controlar la pandemia con cuarentenas y llamó de “absurdas” y “cobardes” los confinamientos y toques de queda.

Luego de informar a la prensa que ya discutió la emergencia con sus 23 ministros, añadió que “Si yo lo decreto, eso será cumplido. Nuestras fuerzas armadas sí pueden ir a las calles un día, dentro de las cuatro líneas de la Constitución” referente a las libertades individuales.

En una de las tantas barbaridades de su conversación con los periodistas, el llamado payaso se refirió a la forma cobarde en que “algunos quieren imponer esas medidas para que el pueblo se quede dentro de casa”.

Aunque sus guaperías no asustan a los gobernadores, que temen sigan creciendo el número de contagiados y fallecidos, Bolsonaro quiere dar un golpe de efecto entre la población, y saldar su nostalgia por la dictadura militar de 1964 a 1985.

Saque o no a los soldados a la calle para doblegar a los jefes departamentales que buscan soluciones para detener el infierno causado por la enfermedad presente desde febrero de 2020, la realidad indica que será difícil sacar al país de la catástrofe humanitaria en curso.

Cálculos de organismos mundiales señalan que cada día más de 3000 personas fallecen en Brasil por la pandemia, otros debido a la hambruna existente, y un alto número también por la violencia de las milicias y los narcotraficantes.

Las elecciones presidenciales para un posible cambio de gobierno están marcadas para el próximo año. Será una lucha directa entre la derecha (el ultraderechista aspira a la reelección) y una izquierda hasta ahora representada por Lula da Silva, si decide postularse.

El pueblo consciente conoce la mentira, la maldad y el odio desplegado contra el expresidente más querido de la historia contemporánea del llamado gigante del Sur, que cuando dejó el Planalto tras dos mandatos salió acompañado por las simpatías de un 87 % de la población.

Mientras, esa población que ha sufrido un humillante e imperdonable castigo por la irresponsabilidad de un exmilitar sin límites para la imbecilidad, debe navegar por estas turbias aguas de la pandemia y tratar de mantenerse con vida hasta sea vacunada y logre salvarse.

Muy caro le ha salido a los brasileños haberle dado su voto a un conspirador de la muerte.