Una convención Constituyente diferente

Elisa Loncón, una mujer de ascendencia mapuche, académica vinculada a las luchas populares contra el gobierno derechista de Sebastián Piñera, pone ahora su inteligencia y su empuje a la Convención Constitucional que tratará de ordenar la nueva visión de país que exige el pueblo.

No hay paz en tierras chilenas desde hace unos tres años con Piñera, considerado dueño de una de las dos mayores fortunas personales de la nación, quien manejó el país con mano de hierro, amparado por las instituciones armadas.

Durante años y en 2019, cuando ocurrió el último estallido social de grandes dimensiones que exigía cambios estructurales ante las grandes necesidades, los chilenos buscaban la única solución posible para cambiar el modelo neoliberal impuesto por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990): la redacción de una nueva Constitución Nacional que derogue la vigente escrita bajo el ojo derechista del antiguo jefe de gobierno.

Han sido momentos muy difíciles para la población austral, con sus jóvenes de vanguardia al frente, cientos de ellos detenidos hasta ahora sin juicio, otros cientos heridos, para que Piñera se viera obligado a celebrar un referendo con dos interrogantes; una para decidir si la mayoría quería el cambio estructural, y la otra sobre la formación de la Convención Constitucional.

Para el régimen ultraderechista, con un jefe que posee apenas un 12 % de aprobación, los resultados fueron un mazazo.

Un 78 % de los votantes pidieron el reemplazo de la actual Constitución que beneficia a los grandes capitales privados y a la recalcitrante oligarquía local.

Pero lo que más molestó a Piñera, que casi nunca deja traslucir sus sentimientos, fue que los chilenos optaron por una convención constituyente formada de manera paritaria por 155 ciudadanos elegidos por voto popular.

Es decir, por primera vez no se indica a dedo por el gobierno quienes tienen la honrosa tarea de darle vida a una nueva Ley de Leyes, sin la intromisión de los partidos de derecha y los vacilantes, en muchos casos, de la izquierda.

Luego se hicieron elecciones secretas y libres el pasado 11 de abril para escoger a los miembros de la Convención, entre ellos 17 representantes de los nueve pueblos indígenas existentes, algo insólito hasta ese momento en la nación andina.

Los nueve pueblos indígenas que el Estado de Chile reconoce como los principales en la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena son: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán

La participación de esos grupos autóctonos, que por primera vez son tomados en cuenta en momentos de decisiones, le otorga un carácter especial a la Convención. Hasta ahora, nunca se ha hablado de un eventual Estado Plurinacional, no hay No se ceden escaños en el Congreso, no se crea un Ministerio. No hay voluntad de cambiar las estructuras.

Con una población indígena estimada en el 12,7 % (más de dos millones de personas según cifras del censo 2017), Chile, a diferencia de Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y otros países latinoamericanos, no reconoce la existencia de “pueblos” indígenas, sino de “etnias”, en un concepto que no permite el ejercicio jurídico.

La actual Constitución dice que la soberanía recae en “la nación”, sin mencionar a otros pueblos. Si la Constitución es homogénea, entonces todo lo demás lo es. Es difícil encajar las demandas de pueblos indígenas en un Estado que sigue actuando en la lógica de los años 50 del pasado siglo.

La atención del pueblo chileno recae sobre la actuación de la Convención Constituyente instalada el pasado 4 de julio. Es sorprendente que los conservadores sean minorías en la institución, pero más aún que sea presidida por la académica mapuche Elisa Loncón Antileo, una estocada al corazón de la discriminadora burguesía chilena.

Hace mes y medio que el órgano, luego de sufrir las irregularidades organizativas de la claque institucional conservadora, que ni siquiera puso papel y lápiz sobre las mesas de los convencionales, comenzó a funcionar en Santiago, la capital.

A varios inconvenientes tuvo que enfrentarse la presidenta y los miembros del órgano constituyente no identificados con las ideologías dominantes todavía en la tierra del presidente Salvador Allende, traicionado por Pinochet en 1973 mediante un golpe de Estado.

En el seno de la Convención se han manifestado los derechistas con su habitual violencia política, racista y de género. Esos individuos ofenden a las mujeres que defienden el agua, las feministas, las defensoras de los territorios indígenas de los que quieren apropiarse las trasnacionales.

El Poder Ejecutivo dirigido por Piñera puso trabas al inicio del ejercicio del órgano, pues carecían de cualquier condición para el delicado trabajo que el pueblo puso bajo su responsabilidad y que deberá ser terminado en un año para luego ser ratificado en otra consulta popular. El presupuesto asignado fue muy pequeño, y apenas cubre los almuerzos de los convencionales, muchos de ellos residentes en localidades alejadas de la capital del país.

Las redes sociales en manos conservadoras también atacaron con la furia del fracaso y la supuesta superioridad racial a los miembros de la Convención, en especial a su presidenta, doctorada en Lingüística, de la que se burlan porque, dicen, “esta indígena ni siquiera sabe leer”.

Los inescrupulosos enemigos de la Convención, que fueron sacudidos por el pueblo en las urnas, tratan de desestabilizar a esa entidad, al poner en duda la capacidad de su presidenta, defensora de la plurinacionalidad para Chile y acusada de carencia de ética por hablar como mapuche y denunciar en sus discursos la violencia sufrida por su pueblo.

Sin embargo, esta valiente mujer que viste como sus ancestros, no se amilana ante los inconvenientes. En este tiempo hizo alianzas entre los delegados y junto a su vicepresidente, el independiente Jaime Bassa, se ocupó desde los primeros momentos, de crear condiciones para protegerse junto a los delegados de los contagios de la COVID-19 y buscar los mecanismos para crear un reglamento democrático para comenzar el debate.

Los líderes convencionales actuaron y lucharon contra todas las mareas y pusieron en funcionamiento un órgano que debió ser construido desde sus cimientos, debido a la falta de colaboración de las instituciones gubernamentales, encargadas de hacerlo pero que se rieron de las ordenanzas. Y nada pasó.

Sin otros ejemplos de la redacción de una Carta Magna soberana, nació en julio último un organismo novedoso, originario, en el que hubo que insistir en su institucionalidad y darle garantías a los delegados.

Para ello, Loncón solicitó, y la tuvo, la colaboración de las universidades en general, las instituciones públicas y la Cámara de Diputados. Resultaba muy complejo iniciar una tarea tan compleja, que decidirá el futuro del país, sin una norma siquiera para regular el carácter de la recién formada institución.

En opinión de analistas, la labor de la presidenta y su vice es memorable. La Convención posee una mesa directiva que permite su administración y su manejo. Solo había una vicepresidencia y ahora cuenta con ocho, además de igual número de comisiones de trabajo.

Las comisiones, con su reglamento recién establecido, comprende ética, comunicación, participación y consulta indígena, contribución de ciudadanía, descentralización, reglamento, de derechos humanos, de salud…

Se fijaron 30 días para que cada una entregue sus aportes y a fines de este mes estará lista la reglamentación que regulará todo el proceso.

Loncón es una mujer crítica y califica al Poder Ejecutivo como el principal obstáculo para el desempeño de la Convención Constitucional, incluso en el importante proceso de su creación y organización.

En su opinión, el gobierno tiene una apuesta política de no favorecer ni estar tampoco en la posición de hacer los cambios constitucionales. Por lo tanto, no se involucra y más bien torpedea el proceso a través de sus respectivos representantes.

Medios alternativos chilenos recuerdan, ante los ataques de los conservadores contra la Convención y su presidenta, que este momento es el resultado del estallido social de un pueblo que pretende empezar una nueva vida desde cero, en tanto critican la postura de la élite mediática que siempre jugó un rol importante en la política interna.

Respecto a la designación de la académica mapuche, también profesora de inglés de la Universidad de la Frontera, hay que recordar que obtuvo muchos más puntos de los necesarios para ocupar esa posición, lo que enardeció el odio de la derecha.

Loncón, experta en i,nterculturalidad, obtuvo 96 votos de los 155 miembros de la Convención, en tanto ninguno de los contendientes logró las 78 mociones necesarias. Incluso en la segunda ronda de sufragios derrotó al derechista Harry Jürgesen, quien logró apenas 33 puntos.

Algunos políticos, quizás demasiado optimistas, subestiman el poder de los conservadores en la Convención que, aunque minoría, tienen a su favor el financiamiento necesario para crear negativas matrices de opinión en la prensa y en las redes sociales.

No obstante, la dirección de la entidad constituyente ya creó su propia plataforma comunicativa articulada a varias instituciones universitarias, la biblioteca del Congreso Nacional, y otras líneas de información que deben llegar a distintos sectores públicos.

Ello permitirá que la población reconozca las voces y opiniones que torpedean el proceso, sus intenciones corporativas, y sus planes para que la nueva Carta Magna no avance, lo cual, opinan expertos, resultará muy difícil.