La solidaridad internacional con el caso de los cinco cubanos no conoce límites. Y justamente los días cinco se acrecienta el amor y los grandes deseos de justicia para con estos cubanos que desde hace casi 15 años se encuentran presos injustamente en cárceles del Imperio.
Peter Schey, abogado de EE.UU., resulta ser Presidente y Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, de Los Angeles, California. Este Centro se dedica a la protección y promoción de las libertades civiles fundamentales y los Derechos Humanos mediante acciones de litigio, servicios legales directos, educación, capacitación y la presentación de peticiones ante foros internacionales.
La institución sirve como apoyo a grupos sociales, legales, religiosos y comunitarios en los Estados Unidos y en otros países involucrados en la defensa de los Derechos Humanos y civiles.
5 de Marzo, 2013
Presidente Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estimado Presidente Obama,
Se que usted conoce el caso de los 5 Cubanos -Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González. Le estoy escribiendo para pedirle que considere dejarlos en libertad y permitirles que regresen a Cuba, algo que puede lograr bajo sus poderes ejecutivos. Esos hombres han estado presos en los Estados Unidos por catorce años.Es indiscutible que ellos eran agentes de la inteligencia cubana cuyo principal propósito era monitorear grupos en Estados Unidos que incurrieron en actos criminales y terroristas contra Cuba y la población civil cubana.Sus sentencias son inusualmente excesivas ya que nada de lo que hicieron representó ninguna amenaza significativa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es indiscutible también que el resultado de sus casos podría ser muy significativo con respecto a las relaciones Cuba-Estados Unidos en el futuro, y el avance en los objetivos que ambos gobiernos han expresado.
Es indiscutible que los 5 Cubanos se dedicaron principalmente a lo que el gobierno cubano y los Cinco consideraron actividades “anti-terroristas”, penetrando grupos como Alfa 66, Comandos F4 y Hermanos al Rescate (BTTR por sus siglas en ingles). En el juicio, expertos militares, incluyendo el actual Director de Inteligencia Nacional, James Clapper, testificaron que los 5 Cubanos no representaron ninguna amenaza sustancial para la seguridad nacional. Un miembro trabajó en la construcción en una Estación Aérea Naval en Key West y pasó información, disponible mayormente a personas sin acreditación y considerada sin importancia para la seguridad nacional. Pero la gran mayoría de los esfuerzos de los 5 Cubanos fueron destinados a monitorear las actividades de un pequeño número de grupos en Florida, cuyos líderes han demostrado ampliamente, como mínimo, su voluntad de participar en actividades ilegales, o de terrorismo en el peor de los casos, en pos de sus objetivos: El derrocamiento del gobierno cubano.
El Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales está particularmente preocupado con la grave injusticia en el caso de uno de los 5 Cubanos, Gerardo Hernández, quien está cumpliendo una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad por el cargo de conspiración para cometer asesinato relacionado con el derribo por parte de militares cubanos el 24 de febrero de 1996 de dos aviones de Hermanos al Rescate causando la muerte de cuatro miembros de ese grupo. El derribo fue la culminación de más de veinticinco vuelos ilegales en el espacio aéreo cubano en los veinte meses previos al evento. Como se muestra en detalle a continuación:
- El gobierno estadounidense tenía mucha más advertencias y más detalles sobre el planeado derribo que las que Gerardo jamás poseyó.
- El gobierno de EEUU podría haber detenido fácilmente los vuelos de BTTR y evitar el derribo mientras que Gerardo no pudo hacer nada para impedir los vuelos de BTTR o el derribo.
- Gerardo no hizo absolutamente nada para alentar o persuadir a los pilotos de BTTR para que penetrasen el espacio aéreo cubano.
- Ni el gobierno de EEUU ni Gerardo tenían la menor idea del lugar donde sucedería el derribo, (supuestamente en espacio internacional como afirma el gobierno de EEUU), y
- El gobierno de EEUU y no Gerardo, le dijo al gobierno cubano que los aviones de BTTR estaban partiendo de Miami y podrían estar dirigiéndose al espacio aéreo cubano el día del derribo.
Bajo estas circunstancias, independientemente de los detalles técnicos, o de cómo la ley estadounidense fue interpretada por el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones, que hizo posible que la sentencia de conspiración se mantuviera, una cadena perpetua es extraordinariamente desproporcionada en relación con el papel insignificante de Gerardo en cualquier aspecto del derribo.De hecho, él tuvo un rol tan pequeño en el derribo de los aviones de BTTR como el rol que podría tener un agente de la inteligencia de EEUU en Islamabad con respecto a los ataques con drones en las Áreas Tribales federalmente administradas a lo largo de la frontera Afgana en el Noroeste de Pakistán.
A modo de referencia, Hermanos al Rescate repetidamente había presentado planes falsos de vuelo a la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en ingles) desde 1994. Pilotos de MiG previamente se habían encontrado con aviones de BTTR en el espacio aéreo cubano. El líder de BTTR Jose Basulto se comunicaba por radio con los pilotos cubanos, ignorando sus advertencias y demandándoles que desertaran con sus aviones, un acto que obviamente sería criminal bajo la ley cubana (como lo sería bajo la ley de EEUU si un piloto desertara en Cuba en un A-10 Thunderbolt II). El señor Basulto es conocido por haber participado en diversas actividades destinadas a derrocar al gobierno cubano. Entrenado por la CIA en inteligencia, comunicaciones, explosivos y sabotaje, regresó a Cuba haciéndose pasar por un estudiante de física para ayudar a preparar la invasión de Bahía de Cochinos, más tarde se infiltró en Cuba para sabotear un supuesto emplazamiento de misiles y en agosto de 1962, llevó un barco a Cuba y disparó un cañón de 20 mm a un hotel (Rosita de Ornedo) lleno de turistas.
En 1995, Basulto y BTTR anunciaron públicamente su nuevo plan de “desobediencia civil” dentro de las aguas territoriales cubanas. Cuba se preparó para confrontar los aviones de BTTR con sus MiGs. El Departamento de Estado emitió una tenue advertencia a BTTR de que sus aviones no deberían violar el espacio aéreo cubano. Desobedeciendo al gobierno de los EEUU y a las leyes cubanas, el 13 de julio de 1995, pilotos de BTTR nuevamente presentaron planes falsos de vuelo y penetraron con cuatro aviones dentro del espacio aéreo cubano. A medida que Basulto y los otros pilotos entraron en el espacio aéreo cubano, el control de tráfico aéreo de la Habana advirtió a los aviones que salieran del mismo. A pesar de la presencia de los MiGs rodeando los aviones de BTTR, Basulto y los otros pilotos decidieron ignorar las advertencias. De hecho, a su propio riesgo, y el de civiles cubanos, Basulto continuó volando hacia el centro de la Habana y rozó la ciudad a muy baja altura por 13 minutos arrojando desde su avión cerca de 20.000 panfletos.
El gobierno cubano tomó medidas moderadas inmediatamente después de este incidente, y envió una carta a la administración de la FAA notificándola de las violaciones de las leyes aeronáuticas cubanas cometidas por BTTR el 13 de julio de 1995.La carta del gobierno cubano específicamente advirtió que el incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos de poner un alto a la entrada ilegal en el espacio aéreo cubano por parte de los pilotos de BTTR “pueden traer graves consecuencias” y pidió que la FAA se comprometiera con prontitud a tomar “las medidas que sean necesarias” para asegurar que se interrumpieran los vuelos ilegales en el espacio aéreo cubano y sobre los tejados de la Habana. De hecho el gobierno cubano dejó bien claro que si los vuelos de BTTR continuaban invadiendo ilegalmente el espacio aéreo cubano “los aviones podrían ser derribados”
Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con la continua invasión ilegal de la soberanía cubana por parte de BTTR, o la respuesta del gobierno cubano. El nunca alentó a los pilotos BTTR a violar el espacio aéreo cubano, nunca sugirió que entraran en el espacio aéreo cubano, ni él tenía influencia alguna para impedir que lo hicieran. Obviamente, el gobierno cubano había desalentado la intrusión de BTTR en el espacio aéreo cubano al advertir que esta conducta podría tener graves consecuencias en el futuro.
Seguidamente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración de advertencia a los pilotos BTTR a que permanecieran fuera del espacio aéreo cubano. La declaración repitió la posición del gobierno cubano que si los aviones penetraban ilegalmente en su espacio aéreo podrían ser derribados y declaró que “el Departamento tomaba esta declaración seriamente.”
A pesar de las advertencias por parte de Cuba y Estados Unidos, pareciera que ni las agencias de inteligencia estadounidenses, ni el Departamento de Justicia, ni la FAA tomaron pasos efectivos para bloquear a Basulto y a los pilotos de BTTR, que continuaron sus provocaciones peligrosas e ilegales dentro del espacio aéreo cubano.
En enero de 1996, BTTR aumentó su invitación a la confrontación con el gobierno cubano dejando caer 500.000 octavillas cerca de La Habana. Obviamente conscientes del peligro de una confrontación a la que fueron alentados y tal vez deseada, los pilotos de BTTR dejaron grabado una videotape en caso de que ellos no regresaran.
El 15 de enero de 1996, Cuba nuevamente envió una carta a FAA, informando al gobierno de EEUU de la violación de BTTR del espacio aéreo cubano el 13 de enero y nuevamente dejando claro que los pilotos de BTTR deberían estar preparados para enfrentar “serias consecuencias” si continuaban con sus violaciones ilegales del espacio aéreo cubano. Nuevamente, Cuba apeló a los EEUU para que adopte las medidas necesarias para prevenir que los aviones de BTTR violaran el espacio aéreo cubano.
Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con la decisión de BTTR de lanzar octavillas desde sus aviones en enero de 1996, tampoco de la respuesta de Cuba al incidente. Ni por supuesto estuvo Gerardo en una posición de obligar al gobierno de los EEUU a adoptar medidas contra BTTR.
Poco después de que el gobierno cubano advirtió al Gobierno de Estados Unidos que graves consecuencias seguirían si BTTR continuaban invadiendo ilegalmente el espacio aéreo cubano y el Gobierno de EEUU advirtió a los pilotos de BTTR, básicamente a Gerardo Hernández le dijeron lo mismo (aunque con menos detalle). A mediados de febrero él recibió un mensaje de las autoridades cubanas que Juan Pablo Roque y René González, los dos hombres que se habían infiltrado en BTTR, no deberían volar con BTTR del 24 al 27 de febrero, porque podría haber un “enfrentamiento” en esas fechas.El gobierno de Estados Unidos y los pilotos de BTTR también sabían que una confrontación podía llevarse a cabo y a diferencia de Gerardo, habían sido advertidos que esto podría resultar en el derribo de los aviones.
El líder de BTTR Basulto ha testificado públicamente que él tenía conocimiento de las advertencias de Cuba “durante mucho tiempo”, y que él y los otros pilotos conocían que la consecuencia de entrar en el espacio aéreo cubano podría resultar en el derribo.
Entiendo que el 24 de febrero de 1996,la FAA, no Gerardo Hernández, informó al gobierno cubano que tres aviones BTTR habían despegado de Miami y que podían entrar ilegalmente el espacio aéreo cubano.Repito, el gobierno estadounidense pareciera haber tenido una mayor participación y responsabilidad que Gerardo por lo tanto es el gobierno de Estados Unidos, y no Gerardo, quien informa al gobierno cubano que los aviones de BTTR estaban volando.
Es indiscutible que Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con la decisión de BTTR de pilotear ese día aviones hacia Cuba. Él no alentó ni solicitó hacerlo, ni tenía ningún poder de detener los vuelos. Sólo el gobierno de Estados Unidos podría haberlos detenido, si hubiese querido.
A medida que los aviones se acercaban a Cuba, fueron claramente advertidos de que estaban “en peligro”, y que estaban entrando a una zona que estaba “activada”.Gerardo no tuvo nada que ver con la decisión de Cuba de activar su espacio aéreo. Esta fue obviamente una decisión hecha en Cuba. Basulto ignoró las advertencias de Cuba a medida que sus aviones volaban hacia territorio cubano. Si los otros dos aviones entraron en territorio cubano, está en disputa. Cuba cree que si; el gobierno de EEUU cree que no. Gerardo por supuesto, no tenía una forma independiente de conocer si los tres aviones de BTTR entraron o no en el espacio aéreo cubano.
Dos aviones fueron derribados por MiG cubanos. Cuando el derribo ocurrió, el avión de Basulto estaba a 2.1 millas dentro del espacio aéreo cubano. Basado en sus datos del radar, el gobierno de Cuba ha argumentado que el derribo sucedió en el espacio aéreo cubano. Sin embargo basado en datos de su propio radar y la información de testigos presenciales, el gobierno de EEUU cree que el derribo sucedió en el espacio aéreo internacional, por lo tanto constituye asesinato.
En el fondo, parece que el gobierno estadounidense sabía más de lo que Gerardo conocía acerca de los planes de Cuba antes del derribo.
También pareciera que el gobierno de Estados Unidos, no Gerardo Hernández, estaba en una posición de evitar una confrontación prohibiendo los vuelos de los pilotos de BTTR, o la suspensión de sus licencias, algo sobre lo cual Gerardo no tenía control.
Además, el operador de radar estadounidense Mayor Jeffrey Houlihan y el Director Técnico del Sector Sureste de la Defensa Aérea (SEADS por sus siglas en ingles), ambos observaron los aviones de BTTR rumbo a la Zona de Identificación de la Defensa Aérea Cubana, observaron uno de los aviones penetrar el espacio aéreo cubano por lo menos a tres millas náuticas, y observaron a los MIGs partiendo desde Cuba rodeando los aviones de BTTR, sin embargo no realizaron ningún esfuerzo para comunicarse con los pilotos de BTTR para instarlos a que abandonaran la zona o para alertar a los aviones de EEUU para que intervengan. En el fondo, mientras que el gobierno estadounidense estaba observando los acontecimientos, y no tomando ninguna medida para prevenir un derribo, Gerardo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo.
Después del derribo una comunicación a Hernández de funcionarios cubanos declaraba: “Le hemos asestado a la derecha de Miami un duro golpe donde su papel ha sido decisivo”. Una respuesta de Hernández observaba: “La operación hacia la cual contribuimos un granito de arena terminó satisfactoriamente”. Finalmente, el jefe de la dirección de inteligencia reconoció a Hernández por los sobresalientes resultados en el trabajo…” Ninguna de estas comunicaciones indica que Hernández – o nadie en el gobierno de Estados Unidos, anticiparon que el derribo, si es que iba a suceder, se produciría en el espacio aéreo internacional. De hecho, los registros indican que estas comunicaciones se referían al éxito de la operación planeada por largo tiempo para que el agente de inteligencia cubano Juan Pablo Roque regresara a Cuba el 23 de febrero de 1996, y no la “Operación Escorpión” sobre los vuelos sobre Cuba de BTTR.
Cómo responder a la ilegal, frecuente y peligrosa invasión de su espacio aéreo por pilotos que desean el derrocamiento del gobierno cubano, era una cuestión compleja decidida al más alto nivel por las autoridades en Cuba, no por Gerardo Hernández. La complejidad del asunto es demostrada por las autoridades ejecutivas en el llamado “libro blanco” del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre “matar el objetivo”, hecho público este mes, que justifica bajo el derecho internacional y doméstico la decisión del Presidente (u otros funcionarios de la administración “informados y de alto nivel”) de ordenar la ejecución de personas en el extranjero por drones si se cree que esas personas han estado “envueltas en la planificación de ataques terroristas contra los Estados Unidos”. Su administración nunca dejaría tales decisiones a un oficial de inteligencia que trabaja en el extranjero, y Cuba ciertamente no dejó la decisión sobre cómo responder a los vuelos de BTTR a Gerardo Hernández.Ni siquiera le consultaron sobre la cuestión.
La Corte de Apelaciones que confirmó la condena de Gerardo estuvo dividida en su decisión, con un juez que encontró que las pruebas no fueron concluyentes y que la condena de conspiración para cometer asesinato debía revertirse. Un segundo juez confirmó la sentencia, pero reconoció que con todos los detalles técnicos envueltos, era difícil determinar si la condena fue válida. El tercer juez determinó, basado en numerosos tecnicismos en la ley (según lo interpretado por el Onceno Circuito de Apelaciones) que requiere una explicación larga y compleja en su decisión por escrito, para que un cargo de conspiración para cometer asesinato pudiera ser confirmado.
Sin embargo, independientemente de los tecnicismos legales que podrían sustentar un cargo de conspiración para cometer asesinato bajo la ley estadounidense, como fuera interpretada por el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones, es indiscutible que (1) la participación de Gerardo en el derribo fue absolutamente mínima, (2) él no hizo nada para alentar a los pilotos de BTTR para que penetraran ilegalmente el espacio aéreo cubano, (3) él no tuvo nada que ver con la decisión de derribar los aviones de BTTR, (4) él sabía menos acerca de lo que había sido planeado por el gobierno cubano de lo que sabía el gobierno de EEUU y (5) incuestionablemente hubo mucho más de lo que el gobierno estadounidense podría haber hecho para evitar el derribo de lo que Gerardo podría haber hecho. En este contexto, una cadena perpetua para Gerardo por “conspiración para cometer asesinato” es una sentencia extremadamente dura, inmerecida y fundamentalmente injusta.
El principio de proporcionalidad–de que el castigo debe ser proporcional a la gravedad del delito–es un principio fundamental del derecho nacional e internacional y de los derechos humanos. Este principio está incorporado en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos, o Degradantes. El principio de proporcionalidad es también la piedra angular del derecho penal internacional. Bajo el artículo 77 del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una cadena perpetua está permitida pero debe estar “justificada por la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado”.
Además de la gravedad totalmente injustificada de la sentencia de Gerardo, debo señalar también que la validez de la subyacente conspiración para cometer asesinato es altamente cuestionable. Claramente, no hay ninguna defensa a un país en el derribo de un avión civil en el espacio aéreo internacional, cuando el avión civil no plantea una amenaza inminente para la seguridad de los demás. Por otra parte, es probablemente cierto que un país puede derribar legalmente un avión civil que ha invadido reiteradamente e ilegalmente su espacio aéreo, que ha rozado peligrosamente su Capitolio, que ha rechazado repetidas advertencias para cesar sus actividades ilegales y que ha alentado abiertamente el derrocamiento del gobierno del país. Incluso en el juicio de Gerardo, los Estados Unidos no ofrecieron ninguna evidencia – por no existir – que mostrara que Gerardo realizó “conspiración” (es decir, un acuerdo) con el gobierno cubano para derribar a los aviones BTTR en el espacio aéreo internacional. De hecho, Estados Unidos no pudo probar que Gerardo hiciera un acuerdo para derribar a los aviones. Como se señaló anteriormente, lo único que Gerardo sabía era que podría existir una “confrontación” con los aviones de BTTR, es decir mucha menos información de la que el gobierno de Estados Unidos tenía en su poder.
Para todas las razones mencionadas anteriormente, le pedimos que considere seriamente ejercer sus poderes Ejecutivo para autorizar (1) la desclasificación de todos los registros de Estados Unidos con respecto al derribo de los aviones de BTTR y (2) la excarcelación de Gerardo y su regreso a Cuba. Hacerlo sería no sólo mostrar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de proporcionalidad en las sentencias y una justicia igualitaria y justa, también podría ser un paso importante que contribuya al proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, algo apoyado por la mayoría de los estadounidenses y por países de todo el mundo.
En espera de una respuesta de su Administración sobre esta cuestión. Gracias por su consideración.
Sinceramente,
Peter Schey
Presidente
Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional
ccs: U.S. Senator Patrick Leahy
U.S. Senator Jeff Flake
U.S. Senator Sherrod Brown
U.S. Senator Debbie Stabenow
U.S. Senator Sheldon Whitehouse
U.S. Congressmen Jim McGovern
U.S. Congressmen Chris Van Hollen
James Robert Clapper, Jr., Director of National Intelligence
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