El presidente norteamericano William Clinton puso en vigor durante su mandato la llamada estrategia “pueblo a pueblo” hacia Cuba, consistente en mantener el bloqueo económico intacto y permitir los viajes y el envío de remesas a la Isla sin restricciones para los cubanoamericanos, así como los intercambios con objetivos culturales o académicos de ciudadanos norteamericanos organizados por instituciones con licencia del Departamento del Tesoro. En el año 2003, el mandatario George W. Bush dio marcha atrás a esta flexibilización, prohibiendo ambas cosas en respuesta a los reclamos de la ultraderecha cubanoamericana.
El presidente Barack Obama restableció en 2009 las decisiones de Clinton con respecto a los cubanoamericanos y en 2011 autorizó las licencias para viajes de académicos, de periodistas, instituciones religiosas, grupos culturales, y otras organizaciones que puedan tener un fin distinto al turismo para su visita, con el declarado objetivo de que éstos intercambios contribuirían a la política de “cambio de régimen” que el gobierno de Estados Unidos tiene hacia la Isla. Los viajeros -excepto aquellos con familiares cubanos — están sujetos a límites de gasto diario y tienen prohibido regresar con souvenirs o bienes para el hogar desde Cuba.
Y con el crecimiento del flujo de personas procedente de Estados Unidos ya deberían estarse viendo los primeros resultados en el viaje de Cuba hacia el futuro luminoso diseñado para ella por los estrategas del capitalismo made in USA. Pero no, pareciera que los preocupados por el “pueblo a pueblo” no están en el gobierno cubano sino en Washington y Miami.
En una reveladora sinergia, el ataque terrorista contra una agencia que opera vuelos a Cuba el pasado 27 de abril, del que aún las autoridades norteamericanas no tienen un sospechoso, ha sido acompañado apenas una semana después por el anuncio del Departamento del Tesoro de nuevas restricciones para los viajes “pueblo a pueblo”. Las medidas promulgadas incluyen el envío de un acompañante del operador de la licencia con funciones de policía ideológico en cada grupo que viaje a la Isla y la vigilancia para evitar contactos con representantes del gobierno cubano, con multas de hasta 65 000 dólares para quienes se salgan del programa aprobado por las autoridades norteamericanas. Sin embargo, las autoridades cubanas -consideradas antidemocráticas por EE.UU.- no han manifestado su intención de implementar acciones recíprocas para los ciudadanos de la Isla que conspiran con funcionarios norteamericanos, multándolos con parte de los dólares que reciben del gobierno estadounidense.
Bajo las restricciones impuestas es difícil que los visitantes norteamericanos puedan brindar lecciones de democracia a los cubanos pero el senador Marco Rubio, uno de los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana en el Congreso, que ha estado presionando por las restricciones, al conocer las nuevas medidas reiteró sus preocupaciones sobre el tema, “porque es difícil de manejar y evitar los abusos”.
Ante tal reacción, es obvio que la percepción de algunos es que el intercambio con los cubanos pudiera propiciar un “cambio de régimen” en Estados Unidos, o al menos influir en la modificación de su política hacia la Isla. Si con tan limitado contacto “pueblo a pueblo” ya han comenzado con restricciones y con bombas a querer dar marcha atrás a las pocas posibilidades que se han abierto entre ambos países, es hora preguntarse dónde están los que le tienen miedo a la libertad y a los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
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