En el mapa de la transportación pública de pasajeros en el país se ha desarrollado una forma de gestión en los últimos años que gana elogios y a la vez duras críticas: los vehículos estatales arrendados a formas de gestión no estatales.
Con esa misma modalidad y en cada caso con sus especificidades, prestan servicios las gazelles, los triciclos eléctricos y los taxis, bajo un modelo de gestión puesto en marcha hace ya más de 10 años.
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En el caso de los ómnibus, autorizado más recientemente, el concepto original fue recuperar para la transportación pública de pasajeros vehículos en mal estado, que no estuvieran funcionando y que requerían inversiones para su recuperación, las que aportaban los arrendatarios, además de los gastos corrientes para mantener esos medios en funcionamiento.
Al cierre de junio de 2024, se habían arrendado 750 ómnibus y 106 semiómnibus en el país, de los cuales ya estaban trabajando 551 (el 73.5%) y 49 (el 46.2%), respectivamente. Aunque resulta una pequeña cifra comparada con la totalidad de estos medios existentes en el país, los medios arrendados han jugado un papel activo en las transportaciones tanto locales como nacionales.
En cuatro provincias se agrupa el 61.5 por ciento de los medios arrendados: Santiago de Cuba (302), Holguín (289), Granma (223) y Guantánamo (129); mientras que en otros territorios la incidencia es baja: Isla de la Juventud (1), Sancti Spíritus (9), Mayabeque (15) y Artemisa (17).
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El criterio general sobre el arrendamiento de ómnibus es que, si bien es cierto ha permitido poner en marcha un grupo de ómnibus que estaban paralizados, la realidad es que ello ha traído consigo desorganización, acceso irregular a los combustibles y otros materiales, falta de disciplina y en muchos casos una desregularización de los precios.
Esto último genera incomprensión en la población al ser vehículos estatales, aunque el modelo de gestión propio del arrendamiento implique costos superiores. Resolver estas irregularidades, forma parte de nuestra responsabilidad.
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