Importante, ¿pero definitoria?

Parece inaudito, pero sí. Mujeres como Julia (Amarilys Nuñez) todavía existen, hombres como Bobby (Roque Moreno) aún violentan. Ni sorprendidos ni afectados, hay quienes intentan hasta justificar la postura marital agresiva: “está frustrado”, “cometió muchos errores en su vida”. O culpabilizan la actitud pasiva de ella: “se deja intimidar”, “es demasiado sumisa”, “por qué lo aguanta”.

En la mayoría de los casos se intenta bosquejar una “genealogía del crimen”, una historia familiar violenta, en la cual aparezcan antecedentes ofensivos en la vida de algunos de los implicados: a alguien o algo hay que echarle la culpa.

Escenas como las que ocupan el horario estelar de la novela de turno La otra esquina, pueden aparecer en no pocos espacios de la nación cubana. Apreciaciones y juicios de valor como los anteriores son variados y frecuentes.

A pesar de las intensas campañas de promoción, el trabajo preventivo y el accionar de diversas instituciones sociales, la violencia de género, especialmente contra las mujeres y niñas, existe aún dentro del sustrato isleño.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… PERO NO SE ROMPE

Estereotipos y conductas violentas son asimilados desde la infancia en una sociedad donde predomina el patriarcado. En Cuba diversos organismos y centros asumen el fenómeno como un problema de salud, debido a las consecuencias que provoca en las víctimas, en su bienestar, en las relaciones interpersonales y en la inserción y participación de su entorno.

Más que un inconveniente social, la violencia contra mujeres es un problema público que, en determinados casos, culmina en el femenicidio o en perjuicios causados a terceros, generalmente infantes.

Más allá de los “aparentes motivos” usuales como celos, ansias de control, inseguridad, desconfianza, dependencia, entre otros, especialistas en el tema insisten en que, aún si existen coincidencias en las características de los verdugos-autoritarios, inseguros, celosos y agresivos, es inexacto determinar un patrón condicionado directamente por la marginalidad, o el nivel cultural y económico.

Tras este análisis, una de las principales limitantes para considerar el problema de forma integral es la ausencia de estadísticas. Las mujeres violentadas no cuantifican, se han escapado del papeleo y los números. Bajo tales miras, el sociólogo Julio César González Pagés considera que en este plano debe existir un debate profundo a nivel social.

“Muchas veces se ve como algo menor, somos bastante deficientes en el dominio de los datos. El análisis de los hechos es de forma empírica: ´yo conozco, yo vi´. Solo habrá real preocupación cuando estadísticamente se demuestre que es un fenómeno. Aunque si hay una sola mujer asesinada, ya es un problema. Desgraciadamente estos hechos se manejan como algo importante pero no definitorio”, plantea el especialista.

Es por ello que, aunque en Cuba no existen escalas mayúsculas en cuanto a este aspecto, el trabajo de promoción se realiza sobre suposiciones conocidas. Para lograr mayores y mejores estrategias de prevención, deben potenciarse estudios cuantitativa y cualitativamente representativos para medir realmente el problema y potenciar políticas públicas y leyes más inclusivas. Saber sobre los perfiles de las personas maltratadoras y sus víctimas, así como las zonas y espacios más proclives, ayuda a detectar cualquier anomalía en las relaciones.

EL QUE INVENTA LA LEY… OLVIDA EL GÉNERO

Según se comprobó en documentos y gracias a entrevistas con especialistas en legalidad cubana, el crimen por violencia de género no está recogido como concepto en ningún instrumento jurídico. El fenómeno, de acuerdo con las legislaciones actuales, se canaliza por tres tipos de delitos fundamentales: homicidio, asesinato y lesiones. El Código Penal cubano prescinde de este tipo de delito por cuestiones de género y sus múltiples manifestaciones.

En cierta medida, abogados y fiscales insisten que las diversas situaciones pueden tener respuestas en la ley penal desde múltiples aristas, aunque no como respuesta al problema en específico. Por ejemplo, en el delito de asesinato existe una subfigura dirigida al agresor en condición de cónyuge o persona con determinado grado de parentesco; el nivel de familiaridad es una agravante a la hora de juzgar una acción contra la vida y la integridad corporal, el desarrollo normal de las relaciones sexuales, la familia y la infancia.

Desde esa perspectiva se castiga al protagonista o perpetrador, y se deja fuera al hecho como proceso o fenómeno social. Por supuesto, no es suficiente.

De igual forma, las lagunas en el Código Penal cubano en cuanto a la violencia de género, permiten que cuando una persona sea golpeada y no se visualizan lesiones que necesiten tratamiento médico, no sea considerado delito sino una contravención del orden público. Tampoco se consideran entre las acciones punitivas las de índole psíquica y económica que en muchos casos generan a la postre maltrato físico.

En el caso de la violencia psicológica la ley reconoce el delito de coacción, que se mide en índole general, para cualquier persona que obligue a otra a algo no deseado; en cuanto a la violencia verbal pudiera recogerse como amenaza. En ninguno de los casos, hay orientaciones para ejemplos específicos relacionados con nociones de género.

La ausencia de este enfoque en las leyes cubanas responde a que el fenómeno, aunque importante, no se considera de “alta peligrosidad” o extendido a gran escala social. Esta visión simplista evita posturas más abarcadoras e inclusivas. Sería nefasto esperar a elevadas estadísticas para encontrar respuestas desde los estatutos.

Junto con las leyes, desde los medios de comunicación, urgen posturas dinámicas y ajenas a todo maniqueísmo; se necesita igualmente potenciar el alcance de las organizaciones de base de asociaciones masivas e instituciones sociales. El trabajo provisorio efectivo, ya sea desde lo legislativo, lo social, lo comunicativo, todavía es una tarea pendiente.