Cae la máscara de Bolsonaro

El presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, está en uno de los momentos críticos de su administración de tres años, acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción, mientras recibe el repudio de millones de manifestantes.

Que Bolsonaro es un personaje macabro de la política en América Latina es conocido. Además de sus controvertidas acciones públicas, una burda imitación de su amigo el expresidente Donald Trump, ganó la desaprobación generalizada por su negativismo hacia la pandemia de COVID-19, que azota al país de más de 200 millones de habitantes. Hasta el pasado martes, 523 000 personas habían fallecido debido a la enfermedad, mientras hay un promedio diario de 27 782 contagiados, con colapso de hospitales y morgues.

La situación del presidente, según transcurren los meses, se complejiza, pues insiste en el incumplimiento de sus deberes como gobernante. Por razones ideológicas y políticas, Brasil estuvo meses sin recibir la vacuna Sputnik V, de reconocida eficacia, solo por haberse creado y producido en Rusia.

En estos momentos, Bolsonaro se enfrenta a un posible juicio político por crímenes de lesa humanidad, mientras una Comisión de Investigación Parlamentaria (CIP) indaga su participación en un presunto robo de dinero en la compra de una vacuna que nunca llegó al país.

Pero aunque tiene más de 125 solicitudes de partidos y figuras políticas de abrirle un juicio político, el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, afirmó en público: “Olvídense de Bolsonaro”, pues, afirmó entre risas, no hay una fundamentación jurídica. Y los documentos siguen engavetados, por lo que, en opinión de analistas, solo la presión popular o el interés de la oligarquía en sustituirlo hará posible su impugnación.

También en las últimas horas, el partido Novo —que primero lo apoyó y ahora cambia ante la proximidad de las elecciones del 2022— decidió apoyar formalmente la CIP de la COVID-19 en razón “¨de su desastroso desempeño en el combate a la pandemia”, según declaró esa organización el pasado día 5.

En un comunicado, Novo refirió que algunos de los delitos son omisiones y pésimas acciones personales, entre ellas su negativa a la adquisición de las vacunas, además de una posible prevaricación en la compra del inmunizante Covaxin. Por cada dosis, los implicados ganarían un dólar americano. El líder del partido, Eduardo Ribeiro, afirmó que las denuncias relacionadas con las vacunas hacen temer un gran e inaceptable esquema de corrupción.

GENOCIDIO

De “genocidio” catalogan políticos el desempeño de Bolsonaro respecto a la letal dolencia que sitúa al país en el tercer lugar de contagiados y fallecidos, solo superado por Estados Unidos e India.

De ahí que el último fin de semana, en 361 ciudades de los 23 Estados, millones de personas protestaran en las calles contra el llamado “payaso”, al que exigen la dimisión y la vacunación masiva inmediata. Los manifestantes, que portaban carteles con la leyenda “Fora Bolsonaro” tomaron las calles de manera pacífica y, según la multinacional Telesur, respaldaron la petición de impugnación presentada en el Congreso. “Vacuna en el brazo” y “Comida en el plato” exigían los manifestantes. Pero fueron más allá al demandar empleo, educación y ayuda de emergencia.

Como en otras naciones de América Latina, en las que las protestas populares van ampliando su abanico de demandas, en Brasil las comunidades indígenas que desfilaron repudiaron la deforestación de la Amazonia y el proyecto de ley 490 que, de aprobarse, anularía el derecho de los pueblos ancestrales a permanecer en territorios demarcados.

Las marchas —hay otra convocatoria para el próximo día 24— se extendieron también a 41 localidades en 16 países, entre ellos Alemania, Países Bajos, Irlanda, Austria, Suiza y Portugal.

Esta es la tercera demostración pública en 35 días para apoyar el juicio político contra el mandatario sin partido y la primera desde una súpersolicitud en su contra en Diputados. En la actualidad, el 48 % de la población reprueba la gestión gubernamental, indicó una pesquisa de la empresa CNT/MDA, conocida el pasado lunes. La evaluación negativa creció en el período de cuatro meses de un 35 % hasta la cifra actual, en medio del recrudecimiento del coronavirus y el inicio de las investigaciones de la CIP de la COVID en el Senado.

LOS CORRUPTOS BOLSONARO

Un nuevo escándalo de corrupción golpea ahora a Bolsonaro, tras la divulgación de audios de Whatsapp que lo involucran en un esquema de corrupción organizado por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, cuando este era diputado en Río de Janeiro.

El pasado lunes, grabaciones inéditas aparecieron en un reportaje del portal de noticias UOL que vinculan al gobernante en el esquema de desvío de capital público arreglado hace años por su descendiente. Las tres conversaciones implicarían al mandatario en la red de corrupción en la época en que fue diputado federal (entre 1991 y 2018).

En la serie de reportajes de la periodista Juliana Dal Piva, de UOl, aparecen audios que comprometen a una excuñada del mandatario, al coronel del ejército Guilherme dos Santos Hudson, junto al expolicía Fabrício Queiroz, quien cobraba los sueldos de los funcionarios. Marcia Aguiar, esposa de Queiroz, hombre de confianza de la familia Bolsonaro, llama en un tercer audio al presidente de 01 y lo señala como jefe del esquema para robar el dinero de los empleados de las oficinas del clan.

Tales declaraciones indican que el exmilitar participó directamente en la rachadinha: nombre popular en Brasil de una práctica que configura el delito de malversación de dinero público.

El caso salió a la luz a finales de 2018, después que el organismo de control de movimientos financieros (COAF) descubriera giros atípicos millonarios entre 2016 y 2017 en una cuenta bancaria de Queiroz.

La Fiscalía procura aclarar si el entonces diputado Flávio Bolsonaro contrataba a amigos o familiares como funcionarios para después exigirles que depositaran en sus cuentas parte de su mensualidad.

El senador testificó en julio de 2020 ante el Ministerio Público de Río, pero nunca se conoció el resultado. Según autoridades, el contenido de la audiencia es secreto y está bajo la más estricta confidencialidad.

ACUSACIÓN ANTE TRIBUNALES INTERNACIONALES

Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) en el Senado y la demanda popular de impugnación recaen sobre Bolsonaro, el presidente del Grupo Tortura Nunca Más, el abogado Ariel de Castro Alves, afirmó que además de las acciones encaminadas a la destitución del mandatario, ese grupo se pronuncia en llevarlo ante tribunales internacionales.

En declaraciones al portal Rede Brasil Atual, De Castro Alves se pronunció por el apoyo a las iniciativas que pretendan llevarlo al banquillo de los acusados de la CPI. En opinión del jurista, en Brasil existe un ejecutivo dominado por militares, “sin ninguna transparencia y que no respeta la libertad de prensa”, y recordó que hace pocos días el singular político llamó idiota a un reportero que le hizo una pregunta. “El ofende y persigue a los periodistas y medios de comunicación. El Gobierno difunde el odio y las noticias falsas a gran escala”, precisó.

Mientras, el general Carlos Alberto dos Santos Cruz considera que “en verdad no tiene apoyo institucional” de las fuerzas militares. En entrevista para el canal de YouTube de Luís Costa Pinto, en el programa "Su Excelencia. El hecho", el exministro jefe de la Secretaria de Gobierno, al ser interrogado sobre el supuesto apoyo de los militares a Bolsonaro, afirmó: “…es evidente que está mintiendo. Por mi experiencia de vida, con 47 años dentro del Ejército, tampoco veo que la institución esté comprometida con el gobierno”.

En su opinión, el exteniente —que obtuvo los grados de capitán al retirarse— explota a propósito el hecho de rodearse de militares, lo que deforma la representación social a ese nivel y eso es lo que retiene una parte de la población.

Pero Bolsonaro no solo enfrenta un eventual juicio político y el resultado desfavorable de la CPI de las vacunas, también puede quedar inelegible (él espera ser reelecto el próximo año) si no presenta pruebas contra el voto electrónico al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El hecho es que también se le fue la mano al asegurar que puede demostrar un supuesto fraude en las elecciones de 2018 que él ganó contra el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), tras sacar del juego a Lula da Silva. “Si yo quiero puedo presentarla” aseguró con prepotencia, pero su bravuconería fue tomada muy en serio por el TSE que le dio 15 días para hacer valedera su palabra, y el plazo se le agotó el pasado día 6. El día 21, el ministro Luís Felipe Salomão determinó la fecha para que el denunciante demuestre lo que llamó irregularidades del organismo electoral.

Para su salvación, y como el Tribunal entró en receso, solo podrá presentar sus supuestas pruebas en agosto próximo.

Así están los complejos enredos de Bolsonaro, quien se tambalea cada vez más, pero por obra y gracia de la derecha sigue gobernando Brasil.