Guatemala vive intensas jornadas contra gobierno

El pueblo de Guatemala no da tregua desde hace tres semanas al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, al que exigen la renuncia inmediata, al igual que a otras figuras del sistema judicial, y el cese de la corrupción endémica en esa nación centroamericana, la de mayor economía en el área.

En las protestas, convocadas por los pueblos indígenas, participan autoridades de las diferentes etnias que pueblan el país, estudiantes, campesinos y otros sectores sociales coincidentes en que la salida de Giammattei, del partido derechista Vamos, podría significar un cambio en las políticas públicas, en especial la inmunidad de figuras políticas.

“Hasta que caigan” es la consigna repetida en Guatemala, un país de más de 17 600 000 de habitantes que viven entre dos realidades: una moderna y funcional y otra donde se irrespetan los derechos humanos básicos.

Desde hace décadas, en ese país una minoría concentra el poder económico y político, mientras la mayoría vive oprimida por la discriminación racial, corrupción, impunidad e imposibilidad de una mejor calidad de vida.

Un análisis de Naciones Unidas (ONU) determinó que cerca del 83 % de la población está en pobreza absoluta o extrema, aunque Guatemala tiene una robusta economía, pero con una riqueza muy asimétricamente distribuida.

El alto comisionado de los derechos humanos Zeid Ra´ad Al Hussein refirió en un reciente informe que “el 46,5 % de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, lo que resulta una paradoja en un país rico”.

La crisis política y social es muy profunda, según demostró el censo de población y vivienda del 2019 realizado bajo el gobierno del ex presidente acusado de corrupción Jimmy Morales, un músico evangélico.

La población guatemalteca, con un 19 % de analfabetos (más de 2,7 millones), posee una marcada ascendencia indígena. Un 41,7 % se identificó ante los censores como maya, 56 % ladino, 0,1 % garífuna, 1,8 % xinca, 0,2 % negro y 0,2% extranjero.

Otros ítems demostraron que el 44,4 % de los hogares, con una media de 4,5 personas por vivienda, carece de servicios sanitarios y el 41,1 % de agua potable. Solo el 58,9 % de los 3 275 931 de hogares posee tuberías de red interna, mientras el 3,2 % acude al llamado “chorro público”, el 10,9 % a un lago o a un manantial, el 12,2 % a un pozo y el 14,8 % a un conducto externo.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el material de construcción más usado en las viviendas es lámina metálica en el techo (68,1 %), “torta de cemento” en el 37,9 % de los suelos, y “ladrillo, bloque y concreto” en las paredes (64,7 %); un 1,7 % tiene techo de paja o palma, un 26,5 % el suelo de tierra y un 15,3 % posee paredes de adobe.

Analistas políticos como Ollantay Itzamná consideran que el paro plurinacional actual responde a la necesidad expresada por las comunidades indígenas y campesinas de promover procesos de cambios estructurales para crear un Estado no neoliberal, de nuevo tipo.

¿Cuál fue el detonante de las actuales protestas con epicentro en Totonicapán, el gobierno indígena de los 48 cantones del país, que mantiene en las calles desde hace casi un mes a miles de ciudadanos para exigir la salida del Giammattei y de la fiscal general, María Consuelo Porras, por acciones delictivas y encubrimiento, según declaraciones de líderes indígenas y sociales?

La nueva explosión social ocurrió con la remoción por Porras del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien dijo poseer las pruebas necesarias para encarcelar a altos personeros gubernamentales y de la élite económica.

Sandoval estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) en los últimos años. Desde esa posición dio continuidad a casos abiertos e investigados junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), organismo de la ONU para determinar la delincuencia gubernamental, expulsada de Guatemala por Morales para su conveniencia.

La postura de Porras, indican medios de prensa internacionales, hace pensar en que ella integra el complot de actos ilícitos cometidos por el anterior y actual régimen. La destitución del fiscal fortalece estructuras criminales conocidas y otras que nunca salen a la luz pública.

Las actuales movilizaciones le exigen que restituya al fiscal anticorrupción y lo deje trabajar, lo cual parece poco probable dado el eventual alto compromiso de la magistrada con la oligarquía local.

Giammattei (1956) es acusado de interferir en las investigaciones criminales, a pesar de su promesa de campaña de eliminar la impunidad y el delito durante su mandato, iniciado hace poco más de un año.

Como presidente, reconoce las demandas de los implicados en este paro plurinacional que compromete a todos los territorios del país.

Son comunes las peticiones de devoluciones de las tierras indígenas, consultas de comunidades violentadas por proyectos extractivos, reducción del alza de los precios de la canasta básica, del combustible, de las tarifas del transporte público y de la renta, entre otras demandas sociales.

La presencia de la pandemia, como también ocurre en otras naciones, trajo consigo un cambio en la sociedad, mayor pobreza y mayores demandas. En el caso específico de Guatemala, sin un plan de vacunación nacional, el gobierno respondió con la militarización de comunidades, despojo de tierras, y, entre otras disposiciones, la paralización del tránsito de productos agrícolas entre cantones.

El mandatario, un economista enfermo de esclerosis múltiple, dolencia progresiva incurable hasta ahora, también es indicado por su mala gestión ante la pandemia de COVID-19 que azota a la nación.

Su gobierno neoliberal es acusado de pagar 80 millones de dólares a una empresa de desarrollo de vacunas, de las cuales ni una dosis ha llegado al país, lo que lacera los servicios públicos. Médicos, enfermeras y personal de la primera línea contra la enfermedad se quejan públicamente de carecer de materiales, medicamentos e implementos.

La radicalización de las protestas es evidente. Como ocurre en otras naciones latinoamericanas, la mayoría de la población considera insuficientes el paro y la obstrucción de carreteras. La esperanza de los guatemaltecos está puesta en un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, tal como hicieron en su momento en Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Martín Toc, presidente de los 48 cantones indígenas, consideró públicamente que uno de los principios de la Asamblea que redacte una nueva Constitución Nacional es el reconocimiento a la diversidad de los pueblos que habitan el territorio guatemalteco y el respeto a sus formas de autodeterminación y su manera de administrar sus territorios, las formas de articulación política y de la justicia.

Según Toc, a partir del pasado viernes los líderes y pueblos de los territorios se reunirán de manera periódica para el fomento de alternativas que den salida a la profunda crisis en que está sumido el país debido, entre otros asuntos, a los 500 años de sometimiento a un modelo colonial racista, excluyente y patriarcal.

Las firmas calificadoras de riesgo país consideran, y así lo demuestran las vivencias, que Guatemala enfrenta problemas sin resolver como la debilidad institucional y la necesidad de fortalecer la transparencia gubernamental.

Gabriel Torres, vicepresidente y analista senior de crédito de deuda soberana de Moody´s Investors Service, refirió que la no renovación del mandato de la CICIG es una razón para una perspectiva negativa del país.

Torres precisó que “en el tema institucional Guatemala siempre ha tenido debilidades que se notan en altos niveles de corrupción, bajos niveles de acatamiento de las reglas de juego, medidas basadas en la percepción, y no vemos que haya cambiado en años, en décadas, y no se termina de resolver”.

Moody´s, estimó que para la atracción de inversiones el impacto delictivo se convierte en una limitante, por lo que puede ser menor que en países con mejores condiciones.

Omar de la Torre, director asociado de calificaciones soberanas e internacionales de las finanzas públicas en Standard & Poor’s (S&P), explicó que la última evaluación de esa firma fue en abril de este año y precisó que, en una calificación de 6, Guatemala posee el 4 debido al tema de la corrupción, lo que refleja los débiles contrapesos entre las instituciones.

Esta calificación de 4, precisó, aunque se considera en el medio, refleja un legado político y sus instituciones públicas aún débiles, delitos y servicios inadecuados, además que el estado de derecho y el cumplimiento de contratos se mantienen como un desafío el país.

De la Torre argumentó que su compañía no calificó la remoción de un fiscal o de una agencia del gobierno, sino de la relación integral entre el Ejecutivo y el Legislativo, la que refleja la falta de una agenda de tiempos concretos que se puedan definir cuando sean aprobadas. “Es una de las limitantes en la parte de baja efectividad de políticas públicas, comentó.

S&P consideró que el tema de la corrupción tiene consecuencias en el crecimiento económico, en la desigualdad de distribución del ingreso y la baja efectividad en la ejecución de políticas públicas.

Sin embargo, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que en la actualidad la economía de Guatemala “se está comportando muy bien”, como el índice de actividad económica hasta mayo, que se encuentra en 15,7 %, el Producto Interno Bruto trimestral del 2021 creció a 4,8 %, las exportaciones en 16,6 %, las importaciones muestran un alza de 33,2 %, las remesas familiares más de 40 %, y la recaudación en casi 26 %.