Sin luna de miel para Castillo

Unos días después de iniciar su mandato, el presidente peruano Pedro Castillo, de filiación izquierdista, comenzó a ser atacado por el Congreso Nacional, el que de manera tradicional suele manejar la política interna del país. Pero esta vez sus conocidas jugarretas podrán tener otro final, a pesar de las presiones internas.

Castillo, del partido Perú Libre, es un maestro rural de Cajamarca, en el Perú profundo, ganó la primera magistratura por estrecho margen a Keiko Fujimori, una derechista que tragó por tercera vez consecutiva el sabor de la derrota, pero que luchó suciamente durante un mes para arrebatarle al triunfo al hasta entonces desconocido campesino, tocado siempre con un sombrero chotano, típico de la región donde nació hace 51 años.

La poderosa derecha peruana, que no pudo arrebatarle el triunfo al mandatario que con la seguridad de sus ideas políticas prometió cambiar las estructuras neocoloniales existentes en Perú, comenzó sus ataques de inmediato, sin darle siquiera el margen de los primeros cien días de gobierno.

El gabinete nombrado por el mandatario no puede funcionar si lo rechaza el Legislativo. La solicitud de confianza al tren ministerial se hará el jueves 26 de agosto.

En ese sentido se pronunció el congresista oficialista Guillermo Bermejo, quien desde la ciudad de Arequipa indicó: “Lo que ha propuesto el presidente Pedro Castillo es lo que han votado la mayoría de los peruanos y eso se va a plasmar a través de sus ministros y es normal que él los seleccione. No los puede escoger la prensa, no los puede escoger la oposición”.

KEIKO DETRÁS DE MANIOBRAS GOLPISTAS

Keiko, hija del dictador Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad, lideresa del partido Fuerza Popular, movió todos los instrumentos jurídicos y movilizó a sus millares de seguidores en las calles para evitar la toma de posesión del profesor que sorprendió al mundo político con la victoria en segunda vuelta, luego de ganar también la primera.

El Congreso, presidido por María del Carmen Alva, abogada y política del partido Acción Popular, que reúne sectores de distintas tendencias, está en la práctica dominado por agrupaciones fujimoristas. El oficialismo cuenta con 37 de los 130 escaños del órgano.

Hasta ahora, en Perú el poder legislativo es muy poderoso y ha derrotado gobiernos solo con negociaciones políticas. Eso ocurre desde el 2018 con Keiko Fujimori como líder del grupo opositor, el que destituyó a los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino hasta desembocar en las últimas elecciones en las que aparecía como favorita en las encuestas.

Los fujimoristas consideran a Castillo un bocadillo fácil de deglutir y —según opiniones de sus dirigentes— no permanecerá ni un trimestre en el cargo, ya que lo subestiman como persona y olvidan su fortaleza política engendrada en los sectores populares que quieren un mejor destino para la nación andina de más de 33 000 000 de habitantes, 10 000 000 de ellos viviendo en pobreza.

Los legisladores derechistas y el sistema judicial, que trabajan en conjunto, iniciaron esta semana una arremetida para desestabilizar al nuevo gobierno, lo que algunos medios consideran escaramuzas de un futuro golpe de Estado.

Las acusaciones formales contra la administración de Perú Libre comenzaron el pasado día 10, poco después de la obstaculizada investidura, debido al alto número de apelaciones y acusaciones de Fujimori, negada a aceptar su derrota y, con ella también, la oligarquía nacional, que jamás permitirá que un campesino maneje la política nacional.

La Fiscalía imputó en esa fecha al recién investido primer ministro Guido Bellido, y a Vladimir Cerrón, líder del oficialista Perú Libre.

A Cerrón lo acusan de presunto lavado de dinero para financiar la campaña electoral de Castillo, quien, sin embargo, gastó muy poco en su promoción. Mientras en las ciudades sus contrincantes empleaban altas sumas de dinero, él se movió a caballo por las regiones rurales —como es habitual allí— para hablar personalmente con sus eventuales votantes, conocer sus problemas y darles soluciones posibles. No usó las redes sociales para publicidad, como hacen una mayoría de políticos para maniobrar con los electores.

ACUSACIÓN FALLIDA

Cerrón, considerado marxista-leninista, tuvo sus discrepancias con la centro-izquierda aliada de Castillo. El también exgobernador está acusado —y por ello no se pudo candidatear a la presidencia— por presunta corrupción.

Contra Bellido la derecha utiliza el supuesto elogio que el político hizo del terrorismo, una práctica común de los magistrados para incriminar a quienes se identifican con la izquierda, y descalificarlos.

La imputación contra estas dos importantes figuras gubernamentales se hizo en tiempo récord, lo que demuestra la agresividad de los ataques y la unidad entre el Congreso y el sistema judicial andino.

Algunos analistas coinciden en que el presidente debió nombrarlos en su gabinete por determinados compromisos, pues Cerrón confió en él, al igual que Bellido, para dirigir el país, pero quizás imponiéndoles su presencia, una eventual situación no comprobada, pero que pudiera tener cierta credibilidad.

En la recriminación del fiscal Richard Rojas también están incluidas otras 15 personas cercanas al mandatario, entre ellas Waldemar Cerrón, portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso.

El Fiscal quiere anular la izquierda del gobierno y presionar a Castillo para que ejerza sus funciones unido a la derecha, lo que daría la impresión de una evidente posición de debilidad, según declaró Bellido en una entrevista a un medio local.

Ahora el Congreso Nacional, considerado prepotente, altivo y racista, que impone a Lima como espacio de privilegio contra el mundo rural del país, aparece con acusaciones evidentemente ficticias, pero que erosionan la imagen que posee la población del mandatario y su gabinete.

El legislativo pidió declarar la “incapacidad moral” de Castillo para destituirlo por nombrar como ministros a supuestos simpatizantes del terrorismo. Esa es una peligrosa estrategia golpista en una nación donde hay amargos recuerdos del accionar del grupo Sendero Luminoso.

La conspiración contra el mandatario, antiguo líder sindicalista, apela a la ambigua figura de “incapacidad moral”, suficiente para pedir su deposición sin otro argumento que puede ser validado por la fuerza de los votos internos.

Se trata de crear un escenario de crisis interna para sacar a Castillo, lo cual les permitiría sumar a otros grupos de derecha y centroderecha para alcanzar los votos que necesitan para darle un golpe parlamentario, lo que recuerda, además, lo sucedido a los expresidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y de Brasil, Dilma Rousseff.

El golpismo requiere 87 votos. Ahora tiene 43, mientras hay otros 36 de tres grupos de derecha que exigen cambios en los ministerios, pero que, al menos hasta ahora, no se suman al golpismo. Otros nueve parlamentarios del centro y la centroderecha que respaldaron a Castillo se alejaron por discrepar con el nombramiento ministerial. El oficialismo tiene 42 bancas, 37 de Perú Libre y cinco de sus aliados de izquierda de Juntos por el Perú.

A este complot legislativo se unen los medios hegemónicos asentados en la capital peruana que también promueven y apoyan la derrota presidencial.

A este acoso se une otro grave incidente. Un grupo ultraderechista asedió la casa y a la familia del ministro de Justicia, Aníbal Torres, para atemorizarlos. El hostigamiento se realizó cuando el titular estaba en viaje de trabajo en la norteña región de Piura.
La casa del jurista fue escogida al parecer por el destacado papel que Torres cumplió como abogado de Perú Libre cuando los representantes jurídicos de Fujimori trataron de revertir el triunfo de Castillo con impugnaciones que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó por carecer de sustento legal.

SIN RESPIRO

A Castillo no lo dejan respirar. Los conservadores no lo aceptan, a pesar de la transparencia de su victoria, por sus ideas renovadoras, que incluye la redacción de una nueva Constitución Nacional que devuelva a Perú sus recursos naturales y le permita el inicio de un proceso social inclusivo.

La historia indica que Perú es, con Lima y su burguesía como centro movilizador, uno de los países más conservadores de América Latina, por lo que a la izquierda le resultará muy difícil gobernar en solitario, sin que ello signifique una renuncia a sus ideas y propósitos.

A su favor, el gobierno de nuevo tipo que trata de imponer el profesor, tiene a millones de personas integrantes de los sectores históricamente marginados y desposeídos. Las intenciones golpistas de Lima, que incluyen marchas callejeras, pueden ser destruidas con la fuerza popular, su mejor arma en estos momentos.

Si el profesor devenido líder popular moviliza al campesinado, a las provincias, los llamados ronderos, sindicatos, estudiantes, y a los barrios pobres de Lima, entonces podría parar la intención de destituirlo. En esos sectores radica su poder.