El 12 de marzo de 1996 el presidente William Clinton firmó la Ley Helms-Burton, un proyecto legislativo bautizado como Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana.
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Desde entonces, en la mayor de las Antillas y otras partes del mundo obtiene el calificativo de “ley infame” porque su contenido contempla la internacionalización del bloqueo, así como la negativa de créditos y ayuda financiera, entre otras sanciones, a países, organizaciones y personas que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba. Ello dificulta la inversión extranjera en la nación caribeña.
“La Ley Helms-Burton viola flagrantemente las leyes y los derechos humanos del pueblo cubano, la Constitución de los Estados Unidos y varias normas jurídicas de ese país, numerosos actos del derecho internacional que regulan las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los Estados, y atenta contra la libertad de comercio e inversión, por lo cual ha generado conflictos con los principales socios de Estados Unidos”, así lo explica José Armando Fernández Salazar en un análisis publicado en Cubahora.
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“El impacto de esta medida en la economía cubana va más allá de los miles de millones de dólares que escapan de las arcas públicas del Estado cubano y tienen que ver con otros hechos, quizás no tan tangibles, como el atraso para acceder a tecnologías y conocimientos, la exclusión de organizaciones y mecanismos de comercio y cooperación internacional, el roo de marcas y la criminalización de las relaciones de negocios con la isla, lo cual ha ahuyentado la inversión extranjera y tercerizado los intercambios comerciales”, agrega Fernández Salazar.
La Ley Helms-Burton es –como afirmó también el canciller cubano– “una muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana”.
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